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Aprueba los nuevos modelos para presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Recoge los cambios del Plan General de Contabilidad introducidos por el Real Decreto 1/2021, sobre instrumentos financieros e ingresos. Incluye modelos en soporte electrónico y un test de corrección de errores.

Modifica la Instrucción que regula cómo los partidos políticos y sus fundaciones presentan telemáticamente sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas. Establece el formato de esas cuentas y el cumplimiento de las obligaciones de información. Incluye dos disposiciones transitorias.

Autoriza a la Jefatura Central de Tráfico a pagar mediante agentes mediadores los pagos masivos de más de 25 transferencias y los pagos a varios acreedores. Fija cómo se tramitan, justifican y controlan esos pagos.

El Tribunal Supremo anula un apartado de una orden ministerial que fijaba la fecha de inicio del cálculo de intereses para una empresa distribuidora de electricidad. Establece que esos intereses deben contarse desde el 1 de enero de 2016 y ordena a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia liquidarlos en dos meses.

Modifica el régimen sancionador creado para castigar los incumplimientos de las normas dictadas frente a la COVID-19 en las Illes Balears. También cambia el artículo 19 y añade un artículo 54 bis a la Ley de presupuestos de la comunidad autónoma.

Aprueba los modelos para presentar en el Registro Mercantil las cuentas anuales consolidadas de las empresas obligadas a publicarlas. Establece que se presenten en el formato electrónico único europeo y regula el modelo en soporte electrónico y la corrección de errores.

Aprueba nuevos modelos para presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Incluye en la instancia de presentación datos del informe de auditoría (fecha de emisión, tipo de auditoría y número de ROAC del auditor) y ajusta el tratamiento de la información no financiera.

Modifica varias normas tributarias para incorporar al derecho español una directiva europea contra la elusión fiscal y para reforzar el control y la lucha contra el fraude fiscal. También regula aspectos del juego y del tabaco.

Modifica la resolución que regula las cuentas anuales de los fondos sin personalidad jurídica para adaptarla a la nueva redacción del artículo 136.3 de la Ley General Presupuestaria. Desde ahora, la Intervención General publica en el BOE el 31 de julio una referencia al Registro de cuentas anuales del sector público, en lugar de los resúmenes de las cuentas. Deroga tres resoluciones anteriores que fijaban el contenido mínimo de esa información.

Modifica la normativa sobre ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Actualiza las reglas sobre las tablas biométricas que se usan para calcular las provisiones técnicas en seguros de vida y decesos, y crea una comisión técnica de análisis de sus hipótesis.

Modifica varias órdenes de contabilidad pública para crear un documento de seguimiento de gastos financiados con fondos de la Unión Europea, precisar la fecha de gasto en ciertas operaciones e incorporar el código DIR3 del centro gestor y de la unidad tramitadora en los documentos contables.

La ley establece medidas tributarias, financieras y administrativas para aplicar los presupuestos de Castilla y León de 2021. Modifica normas sobre tributos propios y cedidos, tasas, hacienda pública y organización administrativa, y regula la gestión de fondos europeos Next Generation EU.

Fija la retribución para el año 2016 de varias empresas distribuidoras de energía eléctrica, tras varias sentencias del Tribunal Supremo que estimaron parcialmente sus recursos contra la orden que fijó esa retribución. Corrige parámetros de cálculo, entre ellos el factor λibase, para las empresas afectadas.

Modifica la norma que regula el pago de obligaciones de la Administración General del Estado. Añade la obligación de indicar en las propuestas de pago si los derechos de cobro son embargables o no, y aclara qué órganos pueden expedir propuestas de mandamiento de pago. También actualiza las referencias a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, que establecía medidas financieras extraordinarias y urgentes para las entidades locales. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Permite a los ayuntamientos usar el superávit de 2019 para inversiones sostenibles y les da apoyo financiero. Crea créditos extraordinarios para la recuperación económica y social local y para el transporte público. Regula también el endeudamiento local y su participación en tributos del Estado.