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La ley regula el Consejo Consultivo de Andalucía, un órgano de consulta técnica y jurídica del Gobierno autonómico, las entidades locales y las universidades públicas andaluzas. Define su naturaleza, composición, funciones, funcionamiento, procedimiento de emisión de dictámenes y su personal.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para reforzar el sistema español de investigación. Cambia contratos laborales del personal investigador, crea la Agencia Espacial Española y regula planes de igualdad y financiación en I+D+I.

Modifica la Ley 2/2009 del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. Reduce de nueve a seis años el mandato de sus miembros y cambia el ritmo de renovación: por mitades cada tres años los designados por el Parlamento y uno a uno cada dos años los designados por el Gobierno. Añade reglas transitorias para aplicar estos cambios.

Establece medidas para tramitar más rápido los procedimientos administrativos de la Junta de Castilla-La Mancha relacionados con los fondos europeos de recuperación. Regula la organización de los órganos que los gestionan, la tramitación de convenios, subvenciones y contratos, el control del gasto y el refuerzo de personal.

Modifica la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha para elevar de 601 a 15.001 euros la cuantía mínima de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que deben ser dictaminadas por el Consejo Consultivo. Incluye expresamente las reclamaciones tramitadas por las entidades locales.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.