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Modifica la Ley General de la Seguridad Social para ampliar la protección de la incapacidad temporal. Añade dos supuestos nuevos: el trastorno menopáusico secundario codificado y las lesiones por violencia de género. También ajusta otras prestaciones sociales, como los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

Modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita para introducir cambios puntuales antes de una futura reforma de la ley. La asistencia jurídica gratuita cubre los medios necesarios para acceder a la justicia cuando no se pueden pagar. Deroga las normas que se opongan a estos cambios.

Modifica el artículo 80 de la Ley General Penitenciaria para reconocer a los funcionarios de la Administración Penitenciaria el carácter de agentes de la autoridad. También añade que sus informes tienen valor probatorio en expedientes disciplinarios y que la Administración debe indemnizarles por daños sufridos en el trabajo.

Regula la organización y el funcionamiento del Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura. Establece sus funciones, los tipos de perfiles genéticos y datos que guarda, la acreditación de los laboratorios que analizan muestras y el procedimiento para integrar datos y acceder a ellos. También fija reglas de privacidad y seguridad de los datos.

Actualiza la normativa reglamentaria española de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para adaptarla a los nuevos riesgos y a las exigencias internacionales. También introduce cambios puntuales en varias normas del sector financiero para ajustarlas al marco de la Unión Europea y reducir cargas administrativas.

El real decreto-ley establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye normas frente a la especulación, la suspensión de desahucios de personas vulnerables, cambios fiscales y la creación de un parque público de vivienda.

Establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, cambios en el alquiler, medidas fiscales y la creación de un fondo y una cuenta de ahorro para financiar vivienda.

La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Aprueba medidas urgentes de apoyo económico y social a Ceuta tras la entrada irregular de personas migrantes a finales de julio. Incluye ayudas directas a empresas y autónomos, rebajas fiscales, líneas de avales y créditos extraordinarios para reforzar servicios públicos, acogida, sanidad, seguridad y empleo.

La ley regula la retirada y gestión del amianto en Cataluña. Crea instrumentos como el Censo catalán de materiales con amianto, el certificado de presencia o ausencia de amianto y un fondo económico. También fija derechos y obligaciones para administraciones, empresas, profesionales y ciudadanía, y establece inspección y sanciones.

Establece medidas urgentes de protección laboral y social para las personas afectadas por los incendios forestales de 2026 en Madrid, Ávila y Toledo. Incluye la suspensión del contrato con una prestación extraordinaria, un permiso por fallecimiento y medidas de Seguridad Social, notariales y registrales.

Modifica el Real Decreto 501/2024 para elevar de subdirección general a dirección general el rango de la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. Este servicio sigue adscrito a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones.

Modifica la Ley ferroviaria de Cataluña para tipificar y sancionar conductas que ensucian o deterioran las infraestructuras ferroviarias, como las pintadas. Ajusta varios artículos del régimen sancionador y añade un artículo nuevo sobre estas conductas.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Regula la concesión directa de subvenciones a entidades relacionadas con la investigación y el conocimiento, sin convocatoria pública. Fija las entidades beneficiarias, el procedimiento, los gastos subvencionables, las cuantías y la justificación.

Modifica la Ley de infracciones y sanciones en materia de seguridad minera del Principado de Asturias. Añade que, cuando una infracción muy grave conlleve la clausura definitiva de la explotación, debe iniciarse el procedimiento de caducidad del derecho minero. También regula los procedimientos sancionadores ya en tramitación.

Crea 500 nuevas unidades judiciales para 2026 y ajusta la planta judicial. Las plazas se reparten entre Tribunales de Instancia, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales. También fija agrupaciones de partidos judiciales en materia de violencia sobre la mujer.

Amplía y modifica la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adaptarla a la creación de quinientas unidades judiciales de la programación de 2026. Fija la plantilla de la Carrera Fiscal y deroga las normas anteriores que se opongan.

Crea una vocalía adicional en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que pasa a tener seis vocales. El tribunal resuelve recursos especiales en materia de contratación pública de la Administración General del Estado, siete comunidades autónomas y Ceuta y Melilla.