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Establece las autorizaciones de endeudamiento, avales y otras garantías necesarias para cubrir las necesidades financieras del sector público de Cataluña mientras el presupuesto de 2021 está prorrogado. La prórroga mantiene vigentes los créditos iniciales del presupuesto de 2020.

Modifica dos decretos-ley anteriores de Cataluña para ajustar medidas sociales y de empleo frente a la COVID-19. Actualiza el coste de referencia y el copago de servicios sociales para personas mayores, con discapacidad y otros colectivos, y cambia normas de empleo y fomento económico.

Establece medidas administrativas, tributarias y de control financiero para agilizar la concesión de ayudas extraordinarias, regular las declaraciones responsables y suspender plazos de autorizaciones de juego. También crea una bonificación tributaria y regula el control posterior de la Intervención General.

Establece una ayuda extraordinaria para entidades, empresas y autónomos que gestionan instalaciones juveniles (casas de colonias, albergues, granjas escuela, aulas de naturaleza y campamentos). También fija medidas urgentes para las cooperativas catalanas y modifica dos decretos-ley anteriores de medidas sociales y de apoyo al tercer sector social.

Crea un fondo extraordinario para ayuntamientos y otros entes locales y habilita al Consejo Catalán del Deporte para dar ayudas a instalaciones deportivas afectadas por la suspensión de apertura al público. También modifica el Decreto-ley 41/2020 sobre medidas sociales en centros educativos y actividades de ocio.

Retrasa hasta el 1 de junio de 2021 la subida de tarifas del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos y el recargo en Barcelona. Además, crea una nueva deducción en el IRPF para quienes deben presentar la declaración por tener dos o más pagadores.

Establece ayudas económicas para personas trabajadoras autónomas y microempresas afectadas por la COVID-19, para el sector cultural y para los precios de los servicios sociales. También modifica el Decreto ley 25/2020 en materia social y fiscal.

Modifica dos decretos-ley anteriores para ampliar medidas sociales y sanitarias frente a la COVID-19 en los servicios sociales. Incluye más servicios y modalidades de financiación pública, como las plazas con prestación económica vinculada, y aclara hasta cuándo se aplica el abono previsto.

Modifica dos impuestos en Cataluña: aplica la tarifa más baja del impuesto sobre emisiones de CO2 de vehículos para 2020, fija cómo calcular la base para motocicletas sin datos oficiales de emisión y crea una bonificación para vehículos clásicos. También permite aplazar o fraccionar el pago del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos.

Establece medidas presupuestarias para aplicar el plan de contingencia en residencias y centros de día de personas mayores y personas con discapacidad, con el fin de prevenir brotes de COVID-19. También mantiene vigentes normas sobre infancia y adolescencia y modifica un decreto-ley anterior en materia social.

Establece medidas económicas, sociales y culturales para paliar los efectos de la COVID-19. Incluye apoyo financiero a proyectos culturales, una prestación para suministros básicos de profesionales de las artes, ayudas a familias para actividades de ocio educativo de verano y ayudas a entidades de ocio y contratación de jóvenes en prácticas.

Establece medidas tributarias urgentes en Cataluña: retrasa al 1 de enero de 2021 la subida de tarifas del impuesto sobre estancias turísticas y el recargo de Barcelona, fija nuevos plazos para autoliquidaciones suspendidas y ajusta el aplazamiento del canon del agua para pequeñas empresas y autónomos.

Establece subvenciones para crear empleo en el trabajo domiciliario de cuidados y para programas de apoyo contra la exclusión social agravada por la COVID-19. También incluye medidas fiscales sobre el canon del agua y medidas administrativas para el sector público catalán.

Suspende durante 2020 la ampliación de un mes de los plazos urbanísticos que coinciden con agosto, para reactivar la tramitación de planeamiento y gestión urbanística. También modifica el régimen de fianzas de actividades extractivas y regula el Fondo del patrimonio natural y la biodiversidad.