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Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de las oficinas de justicia en los municipios. La cuantía depende del número de habitantes empadronados. Se aplica a ayuntamientos de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

Modifica el modelo 595 del Impuesto Especial sobre el Carbón para incluir la autoliquidación rectificativa. Con ella, quien presenta la declaración puede corregir, completar o modificar una declaración anterior sin esperar una resolución de la Administración. Se aplica a los periodos de liquidación que empiecen desde el 1 de enero de 2027.

Actualiza la tabla de tipos de interés fijos y diferenciales máximos sobre el euríbor que fija el coste de financiación del Estado. Las comunidades autónomas y entidades locales usan esta tabla para calcular el límite de coste de sus operaciones de endeudamiento y derivados.

Amplía al ejercicio 2026 una deducción en el IRPF para residentes en la isla de La Palma y permite a las comunidades autónomas con superávit y bajo endeudamiento financiar inversiones entre 2026 y 2028. También abre un nuevo plazo para suspender pagos de préstamos a afectados por el volcán y regula una prestación por cese de actividad para autónomos afectados.

Aprueba los modelos de autoliquidación de las tasas del mercado de tabacos (códigos 596 a 599) y del canon concesional de expendedurías. También fija cómo se miden las distancias en los procedimientos ante el Comisionado para el Mercado de Tabacos.

Aprueba medidas urgentes de apoyo económico y social a Ceuta tras la entrada irregular de personas migrantes a finales de julio. Incluye ayudas directas a empresas y autónomos, rebajas fiscales, líneas de avales y créditos extraordinarios para reforzar servicios públicos, acogida, sanidad, seguridad y empleo.

Modifica varias normas sobre pesca y fondos europeos agrícolas. Adapta la gobernanza del Plan Estratégico de la PAC a los cambios del Reglamento (UE) 2025/2649, que suprime la liquidación del rendimiento. También ajusta las ayudas a organizaciones profesionales del sector pesquero y la primera venta de productos pesqueros.

Adapta en Navarra la normativa del IVA y del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica a las normas estatales vigentes. Fija tipos reducidos de IVA para determinados productos energéticos y regula la base imponible y los pagos fraccionados del impuesto eléctrico.

Actualiza la tabla de tipos de interés fijos y diferenciales máximos sobre el euríbor que sirven para calcular el coste máximo de las operaciones de endeudamiento de comunidades autónomas y entidades locales. La tabla se publica cada mes y los costes publicados siguen vigentes hasta que se publiquen otros nuevos.

Fija los precios de referencia de los hidrocarburos extraídos en el primer semestre de 2026. Estos precios sirven para calcular el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados y los pagos a los propietarios de los terrenos. Los efectos empiezan el día siguiente a su publicación.

Establece las reglas y criterios para calcular los beneficios que obtiene la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III de la explotación de resultados de investigación. Regula también cómo se reparten esos beneficios entre el personal investigador y técnico que haya participado.

Modifica el Real Decreto 1463/2018 para precisar cómo se calcula la compensación económica que recibe la Agencia EFE por prestar el servicio público de noticias de titularidad estatal. Ajusta el anexo con nuevas hipótesis de contraste y costes e ingresos evitados.

El Consejo de Ministros aprueba la Adenda de Cierre al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta adenda ajusta técnicamente hitos y objetivos del Plan para terminar su ejecución antes del 31 de agosto de 2026 y facilitar la evaluación final de la Comisión Europea.

Modifica dos reglamentos de la Seguridad Social. Amplía de tres a seis días el plazo para comunicar bajas y variaciones de datos de trabajadores. También actualiza la regulación de los aplazamientos en el pago de deudas con la Seguridad Social.

Determina qué municipios en riesgo financiero pueden pedir adhesión al Fondo de Ordenación para 2027. La lista se publica en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales y cada municipio puede consultar si está incluido. Los municipios incluidos tienen un mes, ampliable en quince días, para presentar su solicitud.

Modifica el Real Decreto 1009/2023 para incluir la Dirección General del Tesoro y Política Financiera entre las direcciones generales cuyo titular no necesita ser funcionario. La norma justifica esta excepción por las funciones técnicas y estratégicas de ese órgano, como la gestión de la deuda pública y la política financiera.