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Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Fija la revalorización de las pensiones públicas para 2026 en un 2,7 %, el valor medio de la variación del IPC de los doce meses previos a diciembre. También actualiza el límite de la cuantía inicial de las pensiones y las bases de cotización de la Seguridad Social.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra varios apartados del artículo 30 y del artículo 45 de la Ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia de 2024. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia y aplicación de esos preceptos queda suspendida.

Fija los precios de referencia de 2025 para el petróleo, los condensados y el gas natural extraídos en concesiones sujetas al Impuesto sobre el Valor de la Extracción. Estos precios sirven para calcular el valor de la extracción y los pagos a los propietarios de los terrenos.

Actualiza el Reglamento Interno del Banco de España. Refuerza la independencia de la auditoría interna, permite reuniones de los órganos rectores a distancia, simplifica el procedimiento sancionador y crea la Oficina Independiente de Evaluaciones.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 16/2025, que prorrogaba medidas frente a situaciones de vulnerabilidad social y adoptaba medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Modifica los modelos 303, 322, 353 y 390 del IVA y las especificaciones técnicas de los libros registro electrónicos. El cambio adapta estos modelos a la nueva regulación del IVA sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes que se extraen de un depósito fiscal.

Fija los aumentos de retribuciones del personal del sector público de Aragón: un 2,5 % en 2025 y un 1,5 % en 2026, con un 0,5 % adicional en 2026 si el IPC sube al menos un 1,5 %. Incluye un suplemento de crédito y autoriza operaciones de endeudamiento para financiarlo.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el método de cálculo de los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades para empresas con cifra de negocios superior a diez millones de euros. Se apoya en la doctrina de la STC 175/2025, que declaró constitucional ese método de cálculo.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Asamblea Regional de Murcia contra la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía en Cataluña. Declara que la impugnación de los preceptos sobre el ámbito de aplicación ha perdido objeto y avala la constitucionalidad de la amnistía, conforme a sentencias anteriores.

Modifica el importe máximo acumulado del anexo 5 del Convenio de 2022 que regula la explotación y mantenimiento de la sección internacional de alta velocidad entre Figueres y Perpiñán. El cambio responde al nuevo Plan de Explotación presentado por la sociedad Línea Figueras Perpignan, SA para los años 2025 y 2026.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2026. Fija los gastos e ingresos de la Administración general, organismos autónomos, entes públicos, sociedades, fundaciones y consorcios, y regula las retribuciones del personal y las aportaciones de las diputaciones forales.

Aprueba los Presupuestos Generales de La Rioja para 2026: fija los ingresos y gastos de la comunidad, regula las modificaciones de créditos, el personal, la deuda y las normas tributarias. Incluye el Fondo de Cooperación Local y la financiación de la Universidad de La Rioja.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2026 en La Rioja. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios, como ajustar la escala autonómica del IRPF cuando el IPC de diciembre supere el 3 %, y modificaciones en sucesiones y donaciones. También modifica normas sobre carreteras, igualdad, servicios sociales, función pública, urbanismo y salud.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026: fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entes dependientes, regula las retribuciones del personal y las operaciones financieras y tributarias. También establece las transferencias y delegaciones de competencias a los ayuntamientos.

Autoriza la creación de Deuda del Estado durante 2026 y enero de 2027. Fija el procedimiento de emisión, subastas, tipos de interés, pago de cupones y amortización. La autorización de endeudamiento se mantiene por prórroga presupuestaria.

Actualiza la tabla de tipos de interés fijos y diferenciales máximos sobre el euríbor que marca el coste de financiación del Estado. Las comunidades autónomas y entidades locales deben usar estos límites al calcular el coste máximo de sus operaciones de endeudamiento y derivados.