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Aprueba el modelo 017 para que los contribuyentes declaren y paguen por vía electrónica la tasa que financia a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Fija el lugar, el plazo y la forma de presentación de ese modelo y deroga la orden anterior de 2014.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

Modifica la Orden ETD/389/2022, que regula los tipos de cuentas de la Administración General del Estado y del resto de entidades cuyos recursos integran el Tesoro Público. Amplía el ámbito de aplicación, añade un nuevo supuesto de cuenta restringida de ingresos y establece la obligación de comunicar cuentas al Tesoro Público.

Modifica las bases de las ayudas de la Línea FID para la Compra Pública de Innovación. Añade un apartado que permite reducir las intensidades de ayuda cuando el proyecto se considere generador de ingresos, según los criterios de la Autoridad de Gestión del programa FEDER. Entra en vigor el día siguiente al de su publicación.

Establece las bases para conceder subvenciones de la Fundación Biodiversidad, en concurrencia competitiva, destinadas a impulsar la infraestructura verde. Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Modifica la norma que regula la elaboración de la Cuenta General del Estado. Cambia la fecha límite para integrar las cuentas anuales de las entidades: pasa del 6 de septiembre al 31 de julio del año siguiente. También exige enviar en ese mismo plazo la información complementaria y de consolidación.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

Concede un crédito extraordinario de 539.000 euros en el presupuesto de Navarra de 2024 para atender gastos de varios departamentos sin partida adecuada. Ese importe se financia con cargo a créditos disponibles de otras partidas. También cambia la denominación de varias partidas de los presupuestos de 2024.

Concede un suplemento de crédito a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña de 2023, prorrogados para 2024, para financiar gastos frente a la sequía y la emergencia climática. También modifica dos decretos ley anteriores y regula la financiación de ese suplemento.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas e impuestos propios y cedidos, y en organización administrativa. También cambia normas sobre vivienda, servicios sociales, infancia, juego, función pública, educación, agricultura, medio ambiente y sanidad.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2024, con la totalidad de ingresos y gastos del sector público autonómico. Incluye normas sobre gastos de personal, gestión del gasto, operaciones financieras y actualización de tributos propios.

Aprueba las normas de organización y funcionamiento de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Regula su composición, sus funciones de regulación, supervisión y análisis económico, y la Estrategia Nacional de Contratación Pública.