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Adapta el Plan General de Contabilidad Pública de la Administración General del Estado a los cambios de la Orden HAC/965/2024 sobre pagos a justificar. También regula cómo se contabilizan estos pagos en las entidades de la Administración Institucional del Estado.

Modifica el acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos para añadir un requisito nuevo en las nóminas del ingreso mínimo vital. Cuando una comunidad autónoma reconoce el derecho a esta prestación, deberá enviar una certificación sobre las resoluciones adoptadas y el detalle de perceptores e importes.

Modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración General del Estado. Cambia el nombre de una cuenta de primer orden y de cuatro cuentas de segundo orden, y ajusta el contenido de algunas cuentas de las que dependen. El objetivo es que esas cuentas sirvan también para integrar en la contabilidad las operaciones de otros fondos del artículo 2.2 de la Ley General Presupuestaria que realicen actividades aseguradoras, además del Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización.

Aprueba los documentos contables específicos del subsistema de avales del Estado dentro del sistema de contabilidad SIC3. Regula cómo se registran las fases de concesión, cancelación y ejecución de los avales, con desglose de importes y por entidad avalada.

Actualiza los acuerdos que fijan qué comprueba la Intervención General antes de autorizar ciertos gastos públicos. Revisa los requisitos básicos para gastos generales, contratos públicos, convenios y transferencias a comunidades autónomas.

Regula cómo la Administración General del Estado realiza los pagos en el exterior y los pagos en divisas a través del Cajero de Pagos en el exterior y de Pagos en divisas. Distingue entre pagos en firme, pagos a justificar y pagos para reposiciones de anticipos de caja fija.

Autoriza a ciertos organismos autónomos y entidades públicas que colaboran con la Seguridad Social a usar una cuenta contable nueva, la 111 «Reserva de estabilización», no incluida en el Plan General de Contabilidad Pública. También indica cómo se anota esa cuenta y dónde aparece en el balance.

Modifica el Acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos en régimen de requisitos básicos. Actualiza la comprobación de convenios y de transferencias a comunidades autónomas, adaptándola a la Ley 40/2015.

Establece que el control previo de ciertos gastos públicos se limite a comprobar unos requisitos básicos. Se aplica a convenios y transferencias a comunidades autónomas, y también a entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

Establece las condiciones para que la Agencia Tributaria cobre en vía ejecutiva las deudas que son recursos de los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado. Regula cómo los organismos envían esas deudas, qué datos deben incluir y cómo se resuelven las incidencias.

Establece las condiciones financieras de los préstamos que los ayuntamientos, diputaciones y consejos insulares pueden hacer voluntariamente a la Administración General del Estado con sus remanentes de tesorería. El tipo de interés no podrá superar el coste de financiación de la Deuda del Estado y el plazo es de diez años.