Buscar en el BOE

Modifica los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de No Residentes y los modelos 216 y 296 de retenciones. Añade un anexo de desglose de dividendos y nuevas casillas (clave de mercado, código LEI y código ISIN) para controlar las solicitudes de devolución de retenciones sobre dividendos y las rentas inmobiliarias.

Aprueba las tarifas que la Secretaría General de Administración Digital pagará a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por servicios técnicos y de seguridad en la gestión del registro de eventos de las notificaciones electrónicas y la dirección electrónica habilitada.

Establece la información que los ayuntamientos deben enviar sobre su esfuerzo fiscal de 2023 y cómo se comprueba. Fija el 17 de octubre de 2025 como fecha límite y exige el envío telemático con firma electrónica.

Establece el calendario para aplicar los procedimientos de financiación que permiten a ciertas entidades locales cancelar deudas pendientes con proveedores. Regula también el contenido de los planes de ajuste y su posible revisión en esos procedimientos.

Modifica los modelos de declaración censal 030 y 036 para incluir la identificación de los titulares reales de personas jurídicas y entidades, y para permitir solicitar la rehabilitación del número de identificación fiscal. Suprime el modelo 037 de declaración censal simplificada.

Modifica la norma que crea la sede electrónica de la Agencia Tributaria para crear una sede electrónica asociada, la Oficina Virtual del Personal. Este canal sirve para que el personal de la Agencia Tributaria acceda a información y servicios de recursos humanos y reciba notificaciones electrónicas.

Establece las instrucciones y el calendario para que determinadas entidades locales puedan financiar la cancelación de deudas pendientes con sus proveedores. Regula dos vías: una voluntaria, para entidades que superan el plazo máximo de pago, y otra obligatoria, para las que lo incumplen de forma reiterada. También fija aspectos de los planes de ajuste y su posible revisión.

Modifica los modelos de declaración 038, 216, 296 y 282. Introduce en el modelo 038 un nuevo campo llamado Identificador Registral Único de la Sociedad (IRUS) para las inscripciones en folio electrónico y ajusta aspectos técnicos de los modelos 216 y 296.

Aprueba el modelo 239 para declarar a la Administración tributaria determinados mecanismos de planificación fiscal incluidos en el Acuerdo Multilateral sobre intercambio automático de información. También fija quién debe presentarlo, su contenido, plazo y forma de envío electrónico, y modifica la orden que regula los modelos 234, 235 y 236.

Modifica varios reales decretos que aplican en España la Política Agrícola Común (PAC) del periodo 2023-2027. Ajusta normas sobre derechos de ayuda básica a la renta, pastos permanentes y otras obligaciones, tras el primer año de aplicación del Plan Estratégico Nacional.

Modifica las órdenes que regulan los modelos 189 y 720 de declaración informativa. Adapta la información que se declara sobre valores, seguros y rentas, y sobre bienes y derechos en el extranjero, a los cambios normativos aprobados. Entra en vigor el día siguiente al de su publicación.

Establece cómo deben presentar las formaciones políticas al Tribunal de Cuentas la contabilidad de las elecciones a Cortes Generales del 23 de julio de 2023. Fija qué documentos contables y justificativos deben remitirse, los plazos y el uso de medios electrónicos.

El Tribunal de Cuentas modifica su acuerdo de 2016 para permitir que los centros que gestionan gastos electorales envíen sus certificados de cuentas por un servicio web, además de por la sede electrónica. También autoriza a la Secretaria General a actualizar los modelos y las especificaciones técnicas.

Modifica la Orden HAC/1398/2003, que regula la colaboración social en la gestión de los tributos. Amplía esa colaboración a la presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios.

España ratifica un tratado para enviar por vía electrónica, a través de la plataforma Iber@, las solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales. Incluye un reglamento que fija cómo se financia esa plataforma.