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Regula cómo se devuelven al Tesoro Público los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia cuando no se gasta el dinero o no se cumplen los objetivos previstos. Fija las causas, quién tramita el reintegro, las garantías y cómo se cobran las deudas.

Establece medidas en Canarias para paliar los efectos de la crisis en Oriente Medio. Incluye rebajas fiscales en el Impuesto General Indirecto Canario para productos energéticos y alimentos, devoluciones de impuestos sobre combustibles a agricultores y transportistas, y ayudas al sector industrial y primario.

Declara varios eventos culturales, deportivos y científicos como acontecimientos de excepcional interés público. Esto permite aplicar incentivos fiscales al mecenazgo previstos en la Ley 49/2002 para las actuaciones que apoyen su celebración.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas para fortalecer la industria de transformación de productos de la pesca y la acuicultura. El cambio permite que los gastos se paguen hasta el momento de presentar la justificación, en lugar de exigir el pago dentro del periodo de ejecución del proyecto.

Modifica normas fiscales y administrativas de Cantabria para 2026. Incluye cambios en la tasa de gestión final de residuos urbanos y en tributos cedidos, y ajusta varias leyes autonómicas sobre administración, subvenciones, protección civil, urbanismo, carreteras, sanidad y personal sanitario.

Regula cómo se reparte el dinero que el Estado recauda con el Impuesto sobre actividades de juego en las apuestas deportivas mutuas. Fija qué parte reciben las ligas de fútbol profesional masculina y femenina, la Real Federación Española de Fútbol y otros beneficiarios, y ordena la gestión y justificación de las subvenciones.

El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra en Oriente Medio. Incluye ayudas y subvenciones para empresas, agricultura, pesca, transporte, industria y comercio, además de medidas fiscales, de contratación pública y de función pública.

Regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que fija las ayudas y líneas de financiación del Estado en materia de vivienda. Incluye subvenciones para aumentar la vivienda social y asequible, para rehabilitar edificios y mejorar la accesibilidad, y para reducir el esfuerzo económico de pagar la vivienda y facilitar la emancipación de los jóvenes.

Regula la Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid: su sector público, los derechos y obligaciones económicos, los presupuestos, el control interno y la contabilidad, las operaciones financieras y los avales, y la Tesorería. Establece las competencias de cada órgano en materia económica y financiera.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2026 en La Rioja. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios, como ajustar la escala autonómica del IRPF cuando el IPC de diciembre supere el 3 %, y modificaciones en sucesiones y donaciones. También modifica normas sobre carreteras, igualdad, servicios sociales, función pública, urbanismo y salud.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 13/2025, que recoge medidas urgentes complementarias para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras los daños de las erupciones volcánicas. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Modifica los modelos 347, 190 y 270 de declaración anual de operaciones y retenciones. Añade campos para identificar subvenciones por su número en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y para distinguir el tipo de prestación pagada a pensionistas. También crea nuevas subclaves para prestaciones de mutualidades y entidades similares.

Adopta medidas urgentes complementarias para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja. Incluye el destino del superávit presupuestario de Canarias a ayudas, cambios en el IRPF, la suspensión de pagos de préstamos y créditos, y la modificación de normas anteriores de apoyo.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 11/2025, que establece medidas para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y para cumplir las obligaciones de la Ley 3/2024, que busca mejorar la calidad de vida de las personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz u oficinas de justicia en los municipios. La cuantía depende del número de habitantes del municipio y se aplica al crédito de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados para 2025.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2025, con la totalidad de gastos e ingresos del sector público y los beneficios fiscales. Incluye normas sobre personal, gestión del gasto, operaciones de crédito y actualización de tasas.