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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, que adopta medidas dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Modifica y amplía el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado en marzo de 2026. Ajusta impuestos sobre la energía y los carburantes, y extiende ayudas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Comunidad de Aragón y anula el Real Decreto 662/2024, que regulaba la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en embalses de dominio público hidráulico gestionados por el Estado y modificaba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. La norma queda sin efecto por no ser conforme a Derecho.

Adapta en Navarra las normas del IVA y del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica a los cambios aprobados en el territorio común. Incluye una minoración del 10 % en la base imponible del impuesto eléctrico para 2026 y fija el tipo de IVA aplicable a determinados productos energéticos.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra varios apartados del artículo 30 y del artículo 45 de la Ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia de 2024. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia y aplicación de esos preceptos queda suspendida.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 16/2025, que prorrogaba medidas frente a situaciones de vulnerabilidad social y adoptaba medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Establece ayudas extraordinarias para reparar los daños de los incendios forestales del verano de 2025 en Extremadura y refuerza la prevención de incendios. Incluye subvenciones para el sector agrícola y ganadero, para préstamos a titulares de cultivos, para el turismo, bonificaciones de tasas y cambios en normas de urbanismo, medio ambiente y gestión forestal.

Prorroga varias medidas de protección social y adopta medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. Incluye normas sobre vivienda, energía, pensiones, empleo, impuestos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Establece orientaciones de política energética para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre varias circulares que prevé tramitar en 2025. Estas circulares regulan la retribución del transporte, la distribución y la regasificación de gas natural para el periodo 2027-2032.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 2 del Decreto-ley 4/2022 de Cataluña, que sube el tipo de gravamen del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. La sentencia examina si ese decreto-ley respetó los límites de la Constitución y del Estatuto de Cataluña.

Modifica el Convenio Económico entre el Estado y Navarra para adaptarlo a cambios recientes de la normativa tributaria estatal. Incorpora al Convenio el Impuesto Complementario y el Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras, y fija los puntos de conexión para repartir estos tributos entre ambas administraciones.

La Orden establece las bases para conceder ayudas a proyectos innovadores de almacenamiento energético que puedan recibir fondos de la Unión Europea. Regula los tipos de proyectos, los requisitos de los beneficiarios, las características de las ayudas y el procedimiento de solicitud, justificación y control.

Modifica normas catalanas de contratación pública para incorporar criterios de calidad, sociales y medioambientales en la compra de obras, suministros y servicios por las administraciones catalanas. Regula la contratación conjunta, la división en lotes, los pagos menores y la subcontratación.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2025. Incluye cambios en impuestos cedidos, un impuesto sobre estancias turísticas y modificaciones en telecomunicaciones, energía eólica, medio ambiente, vivienda, sanidad y empleo público, entre otras áreas.