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Modifica varias normas de Canarias sobre suelo y espacios naturales protegidos, el reglamento de planeamiento urbanístico, la Agencia Tributaria Canaria y el patrimonio de la comunidad autónoma. Incluye la legalización territorial y ambiental de edificaciones y explotaciones ganaderas que están en explotación sin títulos administrativos.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

La ley regula en Andalucía la economía circular: un modelo que busca reducir residuos, alargar la vida de los productos y reutilizar materiales. Crea la Oficina Andaluza de Economía Circular, una estrategia de planificación y normas sobre gestión de residuos, subproductos y cadenas de valor de productos clave.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

Regula la pesca marina en España: quién puede pescar y con qué licencia, cómo se conservan y gestionan los recursos pesqueros, las zonas de protección y las reservas marinas, la pesca recreativa y la investigación pesquera. Incluye también un régimen de sanciones.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materia de vivienda protegida, transporte, medios audiovisuales, servicios sociales, violencia de género, productos sanitarios, despoblación y hacienda. También cambia normas tributarias, con una nueva deducción por residencia habitual en zonas rurales.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

La ley establece el marco de Canarias para luchar contra el cambio climático y avanzar hacia la transición energética. Crea órganos de coordinación y planificación, e integra criterios climáticos en urbanismo, contratación pública, energía, transporte y otras políticas. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica la Ley 5/2020 de Cataluña para elevar del 20% al 50% la parte de los ingresos del impuesto sobre instalaciones nucleares que se destina al Fondo de Transición Nuclear. También crea el órgano de gobierno de ese fondo.

Establece las normas para aplicar la condicionalidad reforzada y la condicionalidad social a las personas que reciben ayudas de la Política Agrícola Común: pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del programa POSEI. Regula los controles, las penalizaciones y las obligaciones laborales y de seguridad en el trabajo.

Esta ley de Extremadura agrupa medidas para agilizar la respuesta de la administración a la ciudadanía y mejorar la prestación de servicios públicos. Incluye cambios en el impulso a proyectos empresariales, en normas ambientales, urbanísticas, tributarias, de consumo, de renta garantizada y de contratación pública, entre otras.

Regula la concesión directa de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que realizan actividades de interés general en el ámbito de la transición ecológica. Estas subvenciones se financian con la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2022.

Regula la gestión del ciclo integral del agua en Galicia: abastecimiento, saneamiento y depuración. Ordena las aglomeraciones urbanas, la prestación de los servicios y la actuación de Augas de Galicia. Crea cánones para financiar la gestión de depuradoras, redes de colectores y abastecimientos.

Establece medidas urgentes para reparar los daños causados por tres incendios ocurridos en 2022 en Aragón. Extiende a los municipios afectados por esos incendios las medidas que ya se aplicaban tras el incendio de Calatayud. Regula las actuaciones, su financiación y el plazo para solicitarlas.

Modifica la convocatoria de ayudas a municipios para zonas de bajas emisiones y transporte urbano sostenible. Cambia el régimen de penalizaciones por retrasos y permite recuperar la parte reducida si se completan las actuaciones.

Aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. Desarrolla cómo se aplica el impuesto: supuestos de no sujeción y exenciones, devoluciones y deducciones, liquidación y pago, registro territorial, autorización de almacenistas y obligaciones contables.

Modifica la Ley de transparencia para obligar a publicar estadísticas sobre la participación de microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) en la contratación pública. Añade esta información al artículo 8 de esa ley, que regula qué datos deben hacerse públicos.