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Establece medidas tributarias para las víctimas de la DANA de octubre y noviembre de 2024 y para las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Declara exentas del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades determinadas ayudas y cantidades recibidas. También fija medidas de endeudamiento y gasto para administraciones territoriales.

Regula cómo los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas piden al Estado que les compense por la pérdida de ingresos del IBI y del IAE de 2026. Estos beneficios fiscales se concedieron por los daños de las inundaciones en municipios de Andalucía y Extremadura.

Establece reglas específicas para tramitar y ordenar el presupuesto de las ayudas que reciben los ayuntamientos, diputaciones, comarcas y áreas metropolitanas afectados por las borrascas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. También aprueba los modelos de solicitud que deben presentar.

Establece ayudas y medidas urgentes para reparar los daños causados por lluvias, viento, nieve y otros fenómenos meteorológicos adversos, con especial incidencia en Andalucía y Extremadura. Incluye apoyos a personas, viviendas, empresas, explotaciones agrarias y pesqueras, ayuntamientos y medidas fiscales y de empleo.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz u oficinas de justicia en los municipios. La cuantía depende del número de habitantes del municipio y se aplica al crédito de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados para 2025.

Modifica el real decreto que delimita la zona de promoción económica de Extremadura para subir los porcentajes máximos de las ayudas regionales entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2027. También fija que la subvención no supere el 50 por ciento de los costes subvencionables.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, según el número de habitantes del municipio. Se aplica a los ayuntamientos de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz en 2023. Las cuantías se asignan por tramos según la población de derecho del municipio.

Modifica la ley de vivienda de Extremadura y crea un impuesto sobre las viviendas vacías en manos de grandes tenedores. También crea el Fondo de Garantía de Adquisición de Vivienda y un mecanismo de garantía de alojamiento o realojamiento del menor.

La ley aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2023. Fija los ingresos y gastos previstos, las retribuciones del personal público y las normas para gestionar ese dinero.

Esta ley de Extremadura agrupa medidas para agilizar la respuesta de la administración a la ciudadanía y mejorar la prestación de servicios públicos. Incluye cambios en el impulso a proyectos empresariales, en normas ambientales, urbanísticas, tributarias, de consumo, de renta garantizada y de contratación pública, entre otras.

Modifica el Real Decreto que delimita la zona de promoción económica de Extremadura para adaptarlo a las nuevas directrices europeas de ayudas regionales y al nuevo mapa de ayudas de España. Amplía la vigencia de esta zona, que había caducado, y fija cómo se tramitan las solicitudes ya presentadas.

Regula la actuación de la Junta de Extremadura para atender a las personas desplazadas de Ucrania por la guerra. Establece medidas en renta garantizada, empadronamiento, transporte, protección de menores y acogimiento temporal solidario, además de medidas urgentes de contratación pública y fiscales.

Establece medidas urgentes para mejorar la contratación pública en Extremadura y favorecer la reactivación económica. Regula la ponderación del precio, los umbrales de ofertas anormalmente bajas, la revisión de precios en obras públicas y los retrasos por falta de suministros.

Establece el marco de la política demográfica y territorial de Extremadura para afrontar la despoblación. Crea órganos de coordinación, una Estrategia ante el Reto Demográfico y Territorial y un informe anual con indicadores. Regula medidas en agricultura, desarrollo rural, urbanismo, vivienda, servicios públicos, empleo, familias, cultura, industria e igualdad.

La ley aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2022. Regula los ingresos y gastos previstos, las modificaciones de créditos, los gastos de personal, las operaciones de endeudamiento y las normas de ejecución del gasto.