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Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Modifica la Ley de Memoria Democrática para reconocer a las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia. También cambia la Ley del IRPF y un real decreto sobre el abono de indemnizaciones.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

Establece un acuerdo entre autoridades fiscales de distintos países para intercambiar las declaraciones informativas GloBE. Estas declaraciones las presentan los grandes grupos multinacionales para aplicar el impuesto mínimo global del 15 % sobre sus rentas en cada país donde operan.

Establece un acuerdo entre autoridades fiscales de distintos países para intercambiar automáticamente información sobre criptoactivos. Los proveedores de servicios de criptoactivos deberán identificar a sus clientes y comunicar datos a su autoridad fiscal, que los enviará a otros países.

Esta adenda añade datos nuevos al intercambio automático de información sobre cuentas financieras entre autoridades fiscales. Los datos añadidos responden a la actualización de 2023 del Estándar común de comunicación de información de la OCDE. España se considera firmante desde el 26 de noviembre de 2024.

Este real decreto-ley reúne medidas urgentes en economía, impuestos, transporte y Seguridad Social. Incluye ayudas directas al transporte de viajeros, medidas sobre pensiones y empleo, y apoyo a colectivos vulnerables, como medidas de vivienda. También prorroga medidas para afrontar situaciones de vulnerabilidad social.

Establece las normas y procedimientos de diligencia debida que los operadores de plataformas digitales deben aplicar para identificar a sus vendedores y recoger sus datos. Con esa información, los operadores deben comunicarla a la Administración tributaria para el intercambio automático con otros países.

Aprueba un servicio de asistencia al ciudadano por videoconferencia en los Puntos de Información Catastral, donde el personal del Catastro atiende a distancia. También añade la consulta y certificación del valor de referencia de los inmuebles y permite prestar algunos servicios por vía telemática.

Establece un acuerdo entre autoridades fiscales de distintos países para intercambiar automáticamente información sobre mecanismos y estructuras que se usan para eludir la comunicación de datos fiscales. Define qué se considera mecanismo sujeto a comunicación, los plazos y el procedimiento del intercambio, y las reglas de confidencialidad.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

Modifica la Ley de transparencia para obligar a publicar estadísticas sobre la participación de microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) en la contratación pública. Añade esta información al artículo 8 de esa ley, que regula qué datos deben hacerse públicos.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de Cantabria de 2022. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre servicios sociales, empleo, salud, medio ambiente, turismo, consumo y transporte, entre otras.