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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 11/2025, que establece medidas para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y para cumplir las obligaciones de la Ley 3/2024, que busca mejorar la calidad de vida de las personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, que establece medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio, y medidas en materia tributaria. Se ordena su publicación para conocimiento general.

Fija el reparto definitivo de 2.000 millones de euros del tramo 3 del Fondo COVID-19 entre las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. Este tramo se distribuye según criterios ligados al gasto en educación. El pago se hará antes de que acabe septiembre de 2020.

Publica el acuerdo del Consejo de Ministros que fija los criterios de reparto entre las comunidades autónomas y la distribución resultante de 40 millones de euros para el programa educativo #PROA+ del curso 2020-21, creado por la pandemia de COVID-19.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 11/2020, que recoge medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que recoge medidas urgentes extraordinarias para afrontar el impacto económico y social del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, que adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece medidas especiales de recursos humanos para garantizar el funcionamiento de los servicios sociales durante el estado de alarma por el COVID-19. Permite al Imserso y a las comunidades autónomas imponer servicios extraordinarios y reasignar personal en centros públicos y privados de servicios sociales.

Permite que los actos de recepción de entregas durante el estado de alarma por el COVID-19 se realicen sin la asistencia de los representantes de la Intervención General. La comprobación de la inversión se justifica con un acta o certificado del responsable del centro.

Permite sustituir temporalmente la función interventora por el control financiero permanente en el sector público estatal mientras dure la situación excepcional por el COVID-19. El Interventor General de la Administración del Estado decide a qué expedientes, áreas y organismos se aplica mediante resolución.