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Modifica el Código Penal para incluir la aporofobia y la exclusión social como motivos de discriminación en los delitos de odio. También actualiza los artículos 22 y 510 sobre penas por fomentar, difundir o lesionar la dignidad de grupos discriminados.

La ley regula el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en España. Prohíbe la discriminación por motivos como nacimiento, raza, sexo, religión, edad o discapacidad en ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad, la vivienda o los servicios. Crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y fija infracciones y sanciones.

Publica el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad sobre cómo se acredita administrativamente que una persona es víctima de trata de seres humanos o de explotación sexual. El acuerdo fija el procedimiento y los documentos para obtener esa acreditación.

Modifica el Real Decreto 1023/2020, que regula las cuantías, los criterios y el procedimiento para repartir entre los ayuntamientos las transferencias destinadas a financiar actuaciones contra la violencia de género en el marco del Pacto de Estado.

Publica el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad que fija los criterios para repartir 46.200.000 euros entre comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. Ese dinero se destina a crear centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual en todas las provincias.

Publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD sobre las bases comunes del Fondo para la lucha contra la privación material, incluido en el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), y la propuesta de reparto territorial. El fondo se gestiona mediante un programa único estatal con las comunidades y ciudades autónomas como organismos intermedios.

Modifica el Código Penal para castigar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para interrumpir voluntariamente su embarazo. También castiga el acoso a los trabajadores sanitarios de esos centros. El tribunal puede prohibir al autor acercarse a determinados lugares.

Modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad para regular la accesibilidad cognitiva y las condiciones para exigirla y aplicarla. Crea un Centro Español de Accesibilidad Cognitiva y prevé un reglamento de condiciones básicas y un Plan Nacional de Accesibilidad.

Establece medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Incluye apoyos a la industria que consume mucha energía, cambios en el régimen retributivo de las renovables, agilización de proyectos de energías renovables y una bonificación temporal del precio de determinados productos energéticos. También recoge medidas de transporte, apoyo a empresas y autónomos, al sector agrícola, ganadero y pesquero, y a trabajadores y colectivos vulnerables.

Establece las bases para conceder subvenciones públicas, en concurrencia competitiva, a programas y proyectos de concienciación, prevención e investigación sobre las distintas formas de violencia contra las mujeres. Fija los requisitos de las entidades solicitantes, el procedimiento, los criterios de valoración y las obligaciones de las beneficiarias.