Real Decreto 503/2022, de 27 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, por el que se actualizan las cuantías, los criterios y el procedimiento de distribución de las transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado en materia de violencia de género.

I

El Pacto de Estado en materia de violencia de género, integrado por el Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de género y el Informe de la Ponencia de Estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género, aprobados en los Plenos del Congreso de los Diputados, el 13 de septiembre de 2017, y del Senado, el 28 de septiembre siguiente, recoge en su Eje 9 un compromiso económico para que en los Presupuestos Generales del Estado se destinen, vía transferencia a los ayuntamientos con carácter condicionado, un incremento anual de veinte millones de euros durante los próximos cinco ejercicios. Por su parte, el Acuerdo político suscrito por la mayoría de los grupos políticos el 25 de noviembre de 2021 insta a hacer permanente la obligación de dotar de una financiación pública estable, suficiente y adecuada, para sostener las actuaciones dirigidas a prevenir la violencia contra las mujeres, mejorar su detección y asegurar una respuesta integral y especializada a las víctimas por parte de las administraciones públicas competentes, entre ellas las entidades locales.

En aras de garantizar el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado por parte de las entidades locales, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, incluyó crédito para transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado, por un importe de veinte millones de euros. Además, la disposición final sexta de la citada Ley 6/2018, de 3 de julio, relativa al cumplimiento del Pacto de Estado, dispone que los Presupuestos Generales del Estado destinarán, vía transferencias finalistas a los ayuntamientos, un incremento de veinte millones de euros para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a los ayuntamientos dentro del Pacto de Estado.

Por su parte, el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado en materia de violencia de género, convalidado por el Acuerdo del Congreso de los Diputados de 13 de septiembre de 2018, acomete, en la disposición final primera, la modificación del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para que la administración local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género. Por otra parte, su disposición final tercera regula la distribución de los fondos destinados al cumplimiento del Pacto de Estado. El apartado 3 de esta disposición final tercera habilita al Gobierno para que, por real decreto del Consejo de Ministros, modifique las cuantías a distribuir, los criterios y el procedimiento de distribución.

En uso de esta habilitación se aprobó el Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, por el que se actualizan las cuantías, los criterios y el procedimiento de distribución de las transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado en materia de violencia de género. Esta norma se aprobó con un escenario presupuestario distinto al actual, y la situación en la que se aprobaron los criterios de reparto de los fondos destinados a los municipios se ha visto modificada en el tiempo transcurrido desde su entrada en vigor. En efecto, tanto el Acuerdo de 25 de noviembre de 2021, por el que los grupos políticos se comprometen a extender el horizonte temporal del Pacto de Estado en materia de violencia de género, como el incremento de la dotación presupuestaria prevista en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, que alcanza los cuarenta millones de euros, aconsejan introducir algunas modificaciones en los criterios de distribución de los fondos con carácter estable. El refuerzo de la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres posibilita una mejor dotación económica a las actuaciones contra esta lacra, pero exige una modulación de los criterios de distribución de los fondos para ajustarlos a la realidad de cada municipio y dotarlos de mayor estabilidad en el tiempo con independencia de las cantidades exactas objeto de distribución.