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Modifica la ley general de derechos de las personas con discapacidad y la ley de dependencia para ampliar y reforzar sus derechos a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal, adaptándolas al artículo 49 de la Constitución. También cambia otras normas relacionadas, como la de propiedad horizontal, la de seguros y la de patrimonio histórico.

La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Aprueba el Reglamento que fija las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva. Regula cómo deben ofrecerse la información y la comunicación para que las personas con dificultades cognitivas puedan entenderlas en ámbitos como administraciones, justicia, transportes, empleo o servicios públicos.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a entidades del Tercer Sector de Acción Social y otras organizaciones. Establece las entidades beneficiarias, las actividades subvencionables, las cuantías, el procedimiento de concesión y las obligaciones de las entidades.

Aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, un organismo estatal independiente que protege y promueve la igualdad de trato y combate la discriminación en el sector público y privado. El Estatuto regula su naturaleza, funciones, estructura orgánica, personal, financiación y colaboración con otras entidades.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Crea y regula la Unidad técnica de apoyo y coordinación de las autoridades de vigilancia en materia de requisitos de accesibilidad. Esta unidad apoya a las autoridades que vigilan el mercado de productos y la conformidad de servicios accesibles, en aplicación de la Ley 11/2023.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a entidades del Tercer Sector de Acción Social y otras organizaciones. Establece las entidades beneficiarias, las actividades subvencionables, las cuantías, el procedimiento de concesión y las obligaciones de las entidades.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Educación a varias entidades para programas educativos, como el Programa MUS-E de la Fundación Yehudi Menuhin, la Confederación Estatal de Personas Sordas, FIAPAS, la FEMP, el CSIC, las ciudades de Ceuta y Melilla, el colegio Parque de España de Rosario y los Movimientos de Renovación Pedagógica. No se conceden en concurrencia competitiva porque son programas en funcionamiento que solo esas entidades pueden realizar.

Actualiza la composición y el funcionamiento de varios órganos consultivos y del organismo autónomo Real Patronato sobre Discapacidad para adaptarlos a la nueva estructura de los ministerios. Ajusta la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la Cruz Roja Española, el Consejo Nacional de la Discapacidad y el Foro de Cultura Inclusiva. También busca una presencia equilibrada de mujeres y hombres y la participación de las personas con discapacidad.

Establece criterios generales para adaptar medios y tiempos y aplicar otros ajustes razonables en los procesos selectivos de acceso al empleo público para personas con discapacidad. Regula quiénes se benefician, cómo se piden las adaptaciones y cómo se conceden.

La ley establece medidas para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y fomentar la corresponsabilidad en las Illes Balears. Regula actuaciones en el sector público, el sector privado y entre los trabajadores autónomos, e incluye planificación, seguimiento y medidas fiscales.

Modifica las reglas para conceder traslados a funcionarios de carrera de la Administración General del Estado por discapacidad sobrevenida, agravación de la discapacidad o motivos de salud propios o de familiares a cargo. Concreta cómo se valora la solicitud cuando la persona está de baja médica.