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La orden dispone la emisión, acuñación y puesta en circulación de una moneda de colección en euros dedicada a Almudena Grandes, con motivo del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 2026. Fija sus características, el número máximo de piezas, la fecha inicial de emisión y los precios de venta al público.

Establece los procedimientos básicos para acreditar que una persona es víctima de violencias sexuales. La acreditación sirve para acceder a los derechos y recursos previstos en la ley. Se aprueba en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad.

Crea el órgano administrativo que certifica si los gastos del programa «Universo Mujer IV» se ajustan a sus objetivos. Este programa fue declarado acontecimiento de excepcional interés público, lo que permite aplicar beneficios fiscales al mecenazgo. La orden regula su composición, funciones y el procedimiento de certificación.

Establece las bases para conceder subvenciones del Instituto de las Mujeres, en concurrencia competitiva, a universidades y entidades del ámbito universitario. Cubre tres tipos: programas de postgrado en estudios feministas y de género, actividades universitarias sobre igualdad y proyectos de investigación feminista.

Aprueba el IV Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos. El Plan fija 20 objetivos y 45 medidas repartidas en 6 ejes, con especial atención a la brecha salarial, la corresponsabilidad y la violencia contra las mujeres.

Establece las bases para conceder subvenciones, en concurrencia competitiva, a actividades que fortalezcan la convivencia y prevengan la intolerancia y la discriminación por motivos religiosos. Regula quién puede solicitarlas, los gastos cubiertos, los criterios de valoración, el procedimiento y el control del dinero.

Reparte 40 millones de euros entre ayuntamientos y otras entidades locales para programas contra la violencia de género, dentro del Pacto de Estado. Los fondos financian gastos corrientes entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026.

Establece criterios generales para adaptar medios y tiempos y aplicar otros ajustes razonables en los procesos selectivos de acceso al empleo público para personas con discapacidad. Regula quiénes se benefician, cómo se piden las adaptaciones y cómo se conceden.

Aclara cómo se inscribe la filiación de los hijos de dos mujeres tras la reforma de la Ley del Registro Civil de 2023. También modifica la instrucción de 2015 sobre la comunicación electrónica de nacimientos desde centros sanitarios.

Aprueba el reparto entre las comunidades autónomas de 7.728.791 euros para el Programa de cooperación territorial de Educación Inclusiva en 2025. Fija los criterios de reparto y el Ministerio de Educación hará el seguimiento de los fondos.

Modifica las reglas para conceder traslados a funcionarios de carrera de la Administración General del Estado por discapacidad sobrevenida, agravación de la discapacidad o motivos de salud propios o de familiares a cargo. Concreta cómo se valora la solicitud cuando la persona está de baja médica.

Fija los criterios para repartir entre las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla el crédito de 2025 del Plan Corresponsables, destinado a servicios de cuidado y conciliación. También recoge la distribución resultante de ese crédito.

Convoca ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia de género que pertenecen a MUFACE (mutualidad de funcionarios civiles del Estado). La ayuda compensa perjuicios económicos sufridos entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025.

Fija los criterios y reparte entre las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla 19,8 millones de euros para 2025. El dinero financia asistencia social a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos menores, planes personalizados, apoyo a víctimas de agresiones sexuales y prevención de abusos en menores tuteladas.

La Conferencia Sectorial de Igualdad fija los criterios para repartir 160 millones de euros entre comunidades autónomas y Ceuta y Melilla en 2025. Este dinero financia medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Publica el convenio entre la Secretaría de Estado de Igualdad y el Instituto de las Mujeres para que este último actúe como entidad colaboradora en la gestión de subvenciones a entidades que atienden e insertan laboralmente a mujeres y niñas víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución.

Inicia el procedimiento para declarar Lugar de Memoria Democrática «Las manifestaciones feministas del 8 de marzo». El acuerdo se publica en el Boletín Oficial del Estado y se basa en la Ley 20/2022, de Memoria Democrática.

Establece el Marco de Asociación País Ecuador-España 2024-2028, que fija la estrategia de cooperación para el desarrollo entre ambos países durante ese periodo. Incluye la lista de participantes y el documento marco como anexos.

La Orden autoriza la emisión, acuñación y puesta en circulación de una moneda de colección en euros dedicada a María Moliner, con motivo del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo de 2025. La norma fija las características de las piezas, el número máximo, la fecha de emisión y los precios de venta al público.