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Crea y regula el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, donde se inscriben entidades habilitadas para presentar por vía electrónica solicitudes de extranjería en nombre de otras personas. La orden fija los órganos competentes, el procedimiento de inscripción, las obligaciones de los colaboradores y su baja del registro.

Modifica las bases de las ayudas del programa «UNICO IPCEI» para proyectos europeos de interés común. Permite a los beneficiarios cambiar el desglose de su presupuesto financiable sin aumentar la subvención y adelanta el plazo máximo de justificación al 30 de junio.

Crea la sede electrónica de la Agencia Espacial Española y regula su funcionamiento. A través de ella se harán los trámites y actuaciones que requieran identificación de la ciudadanía, empresas o la propia Administración con la Agencia.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Modifica la ley que regula el intercambio de antecedentes penales entre países de la Unión Europea para adaptarla al sistema europeo ECRIS. Incluye datos como la imagen facial y las huellas, y regula la identificación de condenas de nacionales de terceros países.

Regula la inscripción de las personas de nacionalidad española en los Registros de Matrícula de las Oficinas Consulares en el extranjero. Establece la obligación de inscribirse, el carácter digital del registro y los trámites de alta como residente y como no residente. También fija cuándo se pierde la condición de residente.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Modifica varios reglamentos tributarios para adaptarlos a la Ley 11/2021 de lucha contra el fraude fiscal. Cambia normas sobre revisión de actos, recaudación, gestión e inspección y los reglamentos de Sucesiones, IVA, IRPF e Impuesto sobre Sociedades.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

Establece cómo otras administraciones tributarias españolas pueden pedir a la Agencia Tributaria que envíe peticiones de asistencia mutua a otros países de la Unión Europea para cobrar deudas tributarias. Regula los requisitos, los canales de transmisión de información y el procedimiento para transferir el dinero recaudado.

Regula la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje en las carreteras españolas para implantar el Servicio Europeo de Telepeaje (SET). Establece los principios, derechos y obligaciones de proveedores, perceptores de peaje y usuarios, y las condiciones técnicas que deben cumplir los sistemas.

Modifica el Real Decreto 581/2017 para ajustar el procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales en España a la normativa europea. Añade la obligación de informar al solicitante, en el plazo de un mes, de los documentos que falten en su expediente y amplía el plazo para subsanarlos.