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Establece un acuerdo entre autoridades fiscales de distintos países para intercambiar automáticamente información sobre criptoactivos. Los proveedores de servicios de criptoactivos deberán identificar a sus clientes y comunicar datos a su autoridad fiscal, que los enviará a otros países.

Esta adenda añade datos nuevos al intercambio automático de información sobre cuentas financieras entre autoridades fiscales. Los datos añadidos responden a la actualización de 2023 del Estándar común de comunicación de información de la OCDE. España se considera firmante desde el 26 de noviembre de 2024.

Regula la expedición, gestión y desarrollo del Documento Nacional de Identidad (DNI) en sus versiones física y digital. Establece los derechos y obligaciones de las personas titulares, la tramitación, validez, renovación y el tratamiento de datos personales. Adapta el DNI al Reglamento de la Unión Europea sobre seguridad de los documentos de identidad.

Este real decreto-ley reúne medidas urgentes en economía, impuestos, transporte y Seguridad Social. Incluye ayudas directas al transporte de viajeros, medidas sobre pensiones y empleo, y apoyo a colectivos vulnerables, como medidas de vivienda. También prorroga medidas para afrontar situaciones de vulnerabilidad social.

Modifica la ley que regula el intercambio de antecedentes penales entre países de la Unión Europea para adaptarla al sistema europeo ECRIS. Incluye datos como la imagen facial y las huellas, y regula la identificación de condenas de nacionales de terceros países.

Establece un marco de cooperación entre autoridades marítimas de varios países y agencias europeas para intercambiar información y documentos no clasificados a través del Entorno Común de Intercambio de Información (ECII). Regula las funciones de cada parte, el intercambio de datos, la seguridad, la protección de datos y las responsabilidades.

Prorroga tres años el Acuerdo Internacional Administrativo entre el Consejo General del Poder Judicial de España y el Consell Superior de Justicia de Andorra. Mantiene el marco de colaboración en formación, inspección, estadística e intercambio de información y jurisprudencia.

Modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales para que los ayuntamientos comuniquen al Instituto Nacional de Estadística (INE) los cambios del padrón municipal en tiempo real, en lugar de cada mes. También prevé la interconexión entre los padrones y el INE.

Establece un acuerdo entre autoridades fiscales de distintos países para intercambiar automáticamente información sobre mecanismos y estructuras que se usan para eludir la comunicación de datos fiscales. Define qué se considera mecanismo sujeto a comunicación, los plazos y el procedimiento del intercambio, y las reglas de confidencialidad.

Establece un anexo de intercambio de datos entre los ministerios de Defensa de España y Estados Unidos para desarrollar información sobre sistemas navales tácticos de mando, control, comunicaciones y ordenadores (C4) y sistemas de apoyo o interfaz. Cubre investigación, diseño, software, seguridad y redes de estos sistemas.

Adapta la ley española al Reglamento europeo sobre Eurojust, la agencia de la UE para la cooperación judicial penal. Regula el miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción entre países, las redes de cooperación jurídica internacional y el personal del Ministerio de Justicia en el exterior.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

La ley regula en La Rioja la recuperación de la memoria democrática: localización e identificación de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, censo de víctimas y personas desaparecidas, exhumaciones, lugares de la memoria, acceso a archivos y retirada de símbolos. También crea un Consejo Asesor y un régimen sancionador.

Establece el marco para que la Fiscalía Europea use la plataforma del Punto Neutro Judicial y consulte bases de datos de administraciones y organismos con convenio con el Consejo General del Poder Judicial. El acceso requiere una resolución procesal previa y se ajusta a la normativa de protección de datos.

Establece el contenido y los plazos de presentación de la declaración Intrastat, que recoge los intercambios de bienes entre España y otros países de la Unión Europea. También fija las condiciones y el procedimiento para presentarla por medios telemáticos.

Sustituye el anexo del Acuerdo de 2011 sobre protección de información clasificada intercambiada en la UE. El nuevo anexo recoge qué denominación usa cada Estado miembro para cada nivel de clasificación de seguridad de la UE.

Modifica la Ley Foral 5/2018 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de Navarra. Establece un plazo para poner en marcha un sistema integral de información.