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Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

Modifica la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea. Reúne en un solo órgano la participación de las administraciones en asuntos ambientales de aeropuertos, simplifica la placa identificativa de las aeronaves y actualiza el régimen de servidumbres aeronáuticas y planes directores.

Modifica el Convenio Económico entre el Estado y Navarra para adaptarlo a cambios recientes de la normativa tributaria estatal. Incorpora al Convenio el Impuesto Complementario y el Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras, y fija los puntos de conexión para repartir estos tributos entre ambas administraciones.

La ley crea tres impuestos: un Impuesto Complementario para que los grupos multinacionales y nacionales de gran tamaño paguen un nivel mínimo global de tributación; un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras; y un impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos del tabaco. También modifica otras normas tributarias.

La ley tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible. Regula el reconocimiento de la discapacidad y la dependencia, con procedimientos de urgencia, y establece medidas de apoyo para las personas afectadas y sus cuidadoras.

La ley establece el marco para afrontar el cambio demográfico en Asturias: envejecimiento, baja natalidad y despoblación rural. Crea una estrategia y planificación demográfica, una comisión gubernamental y un observatorio, y ordena medidas en servicios sociales, sanidad, educación, empleo, fiscalidad y territorio.

La ley establece el marco para la transición energética y la lucha contra el cambio climático en el País Vasco. Crea órganos de gobernanza y planificación, fija objetivos de eficiencia energética y energías renovables, y regula la adaptación del territorio. También prevé instrumentos de educación, investigación y participación social.

Modifica la Ley de Patrimonio Cultural Vasco para fijar los criterios por los que un bien inmueble puede tener protección básica y para permitir instalar energías renovables en bienes del patrimonio, sobre todo residenciales. También establece un plazo para que los catálogos municipales se adapten.

Modifica la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco para que las instalaciones de autoconsumo energético y los puntos de recarga de vehículos eléctricos dejen de necesitar licencia urbanística. Con ello se simplifican los trámites administrativos para su instalación.

Obliga a las comercializadoras de referencia a enviar cada año al Gobierno Vasco una lista de sus clientes que reciben el bono social eléctrico, para poder calcular y pagar el bono social térmico. La lista debe incluir datos personales, domicilio, grado de vulnerabilidad y cuenta bancaria.

La ley regula la consideración de Menorca como reserva de biosfera y ordena la actuación pública en la isla para conservar sus valores naturales, paisajísticos y culturales. Crea el Plan de Acción y la Agencia Menorca Reserva de Biosfera, y prevé trasladar al Consejo Insular de Menorca competencias sobre montes, aguas, litoral, biodiversidad y energía.

La ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la accesibilidad de productos y servicios, la entrada de personas altamente cualificadas, obligaciones tributarias del IVA y la digitalización de notarías y registros. También modifica la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023: fija los gastos e ingresos de la administración y sus entes, regula las modificaciones de crédito, las retribuciones del personal público y las operaciones de endeudamiento y avales.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

La ley regula la actuación de la Generalitat Valenciana frente al cambio climático. Crea órganos de coordinación y participación, y establece planes, programas y presupuestos de carbono para reducir emisiones y adaptarse a los efectos del clima.

La ley regula la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural en La Rioja. Establece cómo integrar esa conservación en políticas como urbanismo, agricultura, energía o infraestructuras, y crea figuras de protección de espacios y especies. También fija vigilancia, infracciones y sanciones.

Regula en las Illes Balears el procedimiento para obtener, modificar, revisar y extinguir la autorización ambiental integrada, que unifica permisos ambientales de instalaciones contaminantes. También crea un registro de actividades y un plan de inspección ambiental.

La ley establece el marco de Canarias para luchar contra el cambio climático y avanzar hacia la transición energética. Crea órganos de coordinación y planificación, e integra criterios climáticos en urbanismo, contratación pública, energía, transporte y otras políticas. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.

Crea tres figuras tributarias: un gravamen temporal a las grandes empresas energéticas, otro a las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, y un impuesto temporal de solidaridad sobre las grandes fortunas. También modifica varias normas tributarias, entre ellas las de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre Sociedades.