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Modifica la Ley de Patrimonio Cultural Vasco para fijar los criterios por los que un bien inmueble puede tener protección básica y para permitir instalar energías renovables en bienes del patrimonio, sobre todo residenciales. También establece un plazo para que los catálogos municipales se adapten.

Modifica la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco para que las instalaciones de autoconsumo energético y los puntos de recarga de vehículos eléctricos dejen de necesitar licencia urbanística. Con ello se simplifican los trámites administrativos para su instalación.

Obliga a las comercializadoras de referencia a enviar cada año al Gobierno Vasco una lista de sus clientes que reciben el bono social eléctrico, para poder calcular y pagar el bono social térmico. La lista debe incluir datos personales, domicilio, grado de vulnerabilidad y cuenta bancaria.

Establece el marco jurídico de la política ambiental de Euskadi: competencias y coordinación, información y participación pública, autorizaciones ambientales para actividades con incidencia en el medio ambiente, evaluación ambiental, inspección y régimen sancionador.