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Establece las bases para conceder ayudas a proyectos de inversión que adapten físicamente la infraestructura portuaria nacional en puertos de interés general. Estas ayudas se destinan al despliegue de la eólica marina y otras renovables marinas en España, dentro del Programa PORT-EOLMAR y del Plan de Recuperación financiado por la Unión Europea.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

La Autoridad Portuaria de Vigo publica el pliego que regula el suministro de gas natural licuado (GNL) y biogás natural licuado (bio-GNL) como combustible a buques en el puerto. El servicio se presta mediante camión a buque en los muelles Terminal Ro-Ro, Trasatlánticos y Arenal-Guixar.

Aplica en puertos españoles las orientaciones internacionales que permiten a los buques petroleros de suministro de combustible transportar mezclas con hasta un 30 % en volumen de biocombustible. Regula también la entrega de desechos y la validez de los certificados de prevención de la contaminación por hidrocarburos (IOPP).

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2025. Incluye cambios en impuestos cedidos, un impuesto sobre estancias turísticas y modificaciones en telecomunicaciones, energía eólica, medio ambiente, vivienda, sanidad y empleo público, entre otras áreas.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas e impuestos propios y cedidos, y en organización administrativa. También cambia normas sobre vivienda, servicios sociales, infancia, juego, función pública, educación, agricultura, medio ambiente y sanidad.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra el artículo 173 de la Ley valenciana 7/2021, que añadió una regla de distancias mínimas para almacenamiento de productos petrolíferos. La sentencia declara inconstitucional aplicar esa regla a los puertos de interés general titularidad del Estado.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023: fija los gastos e ingresos de la administración y sus entes, regula las modificaciones de crédito, las retribuciones del personal público y las operaciones de endeudamiento y avales.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Establece las bases para conceder ayudas a la inversión en proyectos piloto, plataformas de ensayo e infraestructuras portuarias para energías renovables marinas. Se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y regula solicitudes, valoración, pago, garantías y seguimiento.

Establece normas para limitar la contaminación atmosférica en los puertos de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Regula la conexión eléctrica de buques y contenedores frigoríficos y las alarmas de movimiento de maquinaria portuaria.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para responder a los efectos de la guerra en Ucrania. Incluye actuaciones para acoger a personas desplazadas, agilizar subvenciones, contener precios de la energía y del transporte, y mantener el equilibrio económico de los contratos públicos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, que recoge medidas urgentes del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.