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Fija el objetivo de ahorro energético para 2022 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad y operadores de productos petrolíferos y gases licuados) su cuota de ahorro y su equivalente económico. También regula el pago de esas cuotas al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y el uso de Certificados de Ahorro Energético.

Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia que reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2022. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y otros tributos, y modifica varias leyes autonómicas sobre empleo público, medio ambiente, medio rural, movilidad, mar, servicios sociales, vivienda, sanidad y universidades.

Crea y regula el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia, un fondo público sin personalidad jurídica que sustituye al anterior Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. El fondo financia medidas de aguas, costas, cambio climático, contaminación, biodiversidad y meteorología dentro del Plan de Recuperación.

Fija el objetivo de ahorro energético para 2021 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad y operadores de productos petrolíferos) su cuota de ahorro y su equivalente económico. También actualiza el coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética que se incluye en el precio voluntario para el pequeño consumidor.

Crea la figura del consumidor electrointensivo: empresas cuya producción depende mucho de la electricidad. Regula cómo se certifican, qué obligaciones tienen y crea ayudas para compensar cargos eléctricos y cubrir riesgos de compra de energía a largo plazo.

Modifica dos impuestos en Cataluña: aplica la tarifa más baja del impuesto sobre emisiones de CO2 de vehículos para 2020, fija cómo calcular la base para motocicletas sin datos oficiales de emisión y crea una bonificación para vehículos clásicos. También permite aplazar o fraccionar el pago del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, que establecía medidas financieras extraordinarias y urgentes para las entidades locales. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Permite a los ayuntamientos usar el superávit de 2019 para inversiones sostenibles y les da apoyo financiero. Crea créditos extraordinarios para la recuperación económica y social local y para el transporte público. Regula también el endeudamiento local y su participación en tributos del Estado.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, que aprueba medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, sobre medidas sociales para reactivar el empleo, proteger el trabajo autónomo y mejorar la competitividad del sector industrial. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Suspende durante 2020 la ampliación de un mes de los plazos urbanísticos que coinciden con agosto, para reactivar la tramitación de planeamiento y gestión urbanística. También modifica el régimen de fianzas de actividades extractivas y regula el Fondo del patrimonio natural y la biodiversidad.

Prolonga y adapta las medidas laborales extraordinarias aprobadas por el COVID-19, como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las prestaciones por desempleo asociadas. También regula apoyos a trabajadores autónomos y crea un fondo estatal para garantizar riesgos de compra de energía eléctrica de empresas electrointensivas.

Aprueba medidas para impulsar las energías renovables y ordenar su conexión a las redes eléctricas, fomentar la eficiencia energética y nuevos modelos de negocio. Incluye además medidas económicas y de empleo, como el destino del superávit de los ayuntamientos y deducciones fiscales por innovación.

Fija el objetivo de ahorro energético para 2020 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad y operadores de productos petrolíferos) su cuota de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. También actualiza el coste de esa aportación que se incluye en el precio voluntario para el pequeño consumidor de electricidad.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de Energonostrum, S.A. y anula la previsión del anexo III de la Orden ETU/257/2018 que le obligaba a aportar 318.905,18 euros al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en 2018. No se imponen costas.