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La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

Desarrolla medidas para coordinar la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales entre administraciones. Establece una calificación común de las unidades de extinción, un protocolo de coordinación de medios aéreos, indicativos de radio únicos, simbología común en mapas y condiciones mínimas de seguridad del personal.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

Modifica el destino de los ingresos del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente de la producción de energía eléctrica nuclear. Amplía el fondo nuclear a proyectos de reindustrialización, transición energética, vivienda, salud, educación y servicios sociales, y crea fondos de gestión forestal y de protección del sector pesquero.

Modifica la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea. Reúne en un solo órgano la participación de las administraciones en asuntos ambientales de aeropuertos, simplifica la placa identificativa de las aeronaves y actualiza el régimen de servidumbres aeronáuticas y planes directores.

Modifica dos reales decretos para cambiar la composición y las funciones de los órganos colegiados que se ocupan de la lucha contra la desertificación en España. Crea un órgano consultivo y de cooperación dentro de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y otro de apoyo y coordinación con la comunidad científica y la sociedad civil.

Crea tres Oficinas Técnicas dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, una para cada Comisionado: Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento; Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas; y Economía Circular. Cada oficina dará apoyo técnico y administrativo al Comisionado correspondiente.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

La ley establece el marco para afrontar el cambio demográfico en Asturias: envejecimiento, baja natalidad y despoblación rural. Crea una estrategia y planificación demográfica, una comisión gubernamental y un observatorio, y ordena medidas en servicios sociales, sanidad, educación, empleo, fiscalidad y territorio.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas e impuestos propios y cedidos, y en organización administrativa. También cambia normas sobre vivienda, servicios sociales, infancia, juego, función pública, educación, agricultura, medio ambiente y sanidad.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprueba las reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de energía eléctrica. Estas reglas se adaptan al régimen económico de energías renovables y actualizan el comité de agentes del mercado.

Aprueba el Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España y fija criterios mínimos comunes para gestionar esa red de forma coordinada y coherente. También modifica dos reales decretos sobre especies silvestres y sobre integración de espacios marinos protegidos.

Aprueba el procedimiento para gestionar el sistema de garantías de origen del gas procedente de fuentes renovables. Estas garantías son documentos electrónicos que acreditan ante el consumidor final que una cantidad de gas se ha producido a partir de fuentes renovables.

Modifica normas catalanas para acelerar el despliegue de energías renovables distribuidas y participadas. Regula el autoconsumo eléctrico, crea la Mesa de Diálogo Social de las Energías Renovables y ajusta el Decreto-ley 16/2019 y la Ley 16/2017 del cambio climático.

Crea la División para la Coordinación y Seguimiento de la Aplicación de la Normativa Medioambiental dentro de la Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La norma fija sus funciones de seguimiento del cumplimiento de la normativa medioambiental y climática en la ejecución de las políticas públicas.

Establece medidas para tramitar más rápido los procedimientos administrativos de la Junta de Castilla-La Mancha relacionados con los fondos europeos de recuperación. Regula la organización de los órganos que los gestionan, la tramitación de convenios, subvenciones y contratos, el control del gasto y el refuerzo de personal.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado contra varios artículos de la Ley de la Región de Murcia 3/2020, de recuperación y protección del Mar Menor. La sentencia examina si esos preceptos respetan las competencias del Estado y los derechos de propiedad y libertad de empresa al limitar la explotación agrícola en la zona.

Establece el marco para que España reduzca emisiones de gases de efecto invernadero y avance hacia una economía descarbonizada. Fija objetivos, planificación (Planes Nacionales de Energía y Clima y Estrategia a 2050) y medidas en energía, movilidad, adaptación, transición justa, finanzas, educación e investigación.