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Distribuye entre las comunidades autónomas los créditos del presupuesto estatal de 2025 para financiar acciones de prevención de riesgos laborales. Fija las condiciones de gestión de estas subvenciones y el plazo para enviar la información de gastos al Ministerio de Trabajo.

Fija las bases normalizadas de cotización por contingencias comunes para 2025 en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. Para calcularlas se tienen en cuenta las bases de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.

Establece las bases reguladoras para conceder subvenciones a actividades de promoción del trabajo autónomo y para sufragar gastos de funcionamiento de asociaciones de trabajadores autónomos de ámbito estatal. Fija las entidades beneficiarias, las actividades y gastos subvencionables, los criterios de otorgamiento, las cuantías y el procedimiento de solicitud, pago y justificación.

Modifica la norma que regula la Junta de Contratación y la Mesa única de Contratación del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Amplía el ámbito de la Junta para que también actúe en contratos de suministros y servicios sometidos a derecho privado.

Establece el currículo de la doble titulación de Formación Profesional que integra los títulos de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones y Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Regula su estructura, duración, evaluación, formación en empresa y admisión en centros del ámbito del Ministerio de Educación.

Aprueba las bases y abre la convocatoria para seleccionar operaciones del programa «Tardes con Plan», dentro del Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza. Estas operaciones son actividades extraescolares de ocio educativo y promoción de estilos de vida saludables para la infancia y la adolescencia, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

El Consejo de Ministros aprueba subir un 0,5 % adicional las retribuciones del personal del sector público, con efectos desde el 1 de enero de 2024. Esta subida se aplica porque la suma de la variación del IPCA de 2022, 2023 y 2024 superó el aumento fijo acumulado de esos años.

Fija los servicios mínimos que debe mantener la empresa Avincis durante la huelga de sus trabajadores, convocada del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025. La empresa opera helicópteros de extinción de incendios forestales para el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Modifica la Orden INT/1390/2007 para actualizar la indemnización que cobra el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que participa en misiones policiales, de paz, humanitarias o de evacuación en el extranjero. Añade nuevos destinos donde se aplica esa indemnización.

Modifica la norma que regula las cotizaciones a la Seguridad Social de 2024 para cambiar el reparto de la cuota que financia la incapacidad temporal por enfermedad común de las mutuas colaboradoras. Ajusta los coeficientes que se entregan a estas entidades.

Autoriza la implantación de enseñanzas de Formación Profesional en modalidad presencial en centros públicos de Ceuta y Melilla a partir del curso 2025/2026. La orden incluye un anexo con los centros, las familias profesionales y los ciclos formativos autorizados.

Establece las bases para dar ayudas a los buques de arrastre de fondo del Mediterráneo que compren copos nuevos (la parte final de la red) con mallas de 45 mm para pesca de costera y 50 mm para pesca de profundidad. También convoca estas ayudas para 2025.

Modifica varias órdenes del Ministerio de Defensa sobre enseñanza militar. Permite convalidar de oficio módulos ya superados, precisa las definiciones de reconocimiento de estudios y convalidación, actualiza los criterios de los cursos de especialización e incluye el Curso de Defensa Nacional Autonómico entre los cursos de Altos Estudios de la Defensa Nacional.

Establece las condiciones del Mecanismo Reinicia+ FOCIT DANA para financiar con préstamos a empresas turísticas afectadas por la DANA de octubre y noviembre de 2024. El mecanismo está dotado con 200 millones de euros y lo gestiona el ICO.

Regula cómo se pide y se decide incluir nuevas enfermedades o patologías en la lista que permite adelantar la jubilación a personas con un 45 % o más de discapacidad. Solo las asociaciones y organizaciones de afectados pueden pedir esa inclusión, y una comisión técnica estudia y valora cada solicitud.