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Establece cómo se reconocen y computan como cotizados al Régimen General de la Seguridad Social los periodos en que una persona trabajó como deportista profesional antes de que ese colectivo se integrara en dicho régimen. Regula la solicitud, la acreditación de esos periodos y sus efectos en la pensión de jubilación.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de varias asociaciones contra el Reglamento de extranjería de 2024 y anula varios preceptos. Entre ellos, los que impedían a las empresas de trabajo temporal ser titulares de autorizaciones de temporada, exigían que la dependencia económica del ascendiente se diera en el país de origen o denegaban permisos de forma automática por antecedentes penales.

Fija la jornada de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia en 35 horas semanales de promedio anual (1.512 horas al año). Establece 37,5 horas semanales para quienes tienen dedicación especial y regula cómo se aprueban los calendarios laborales y los horarios.

Fija la jornada de trabajo de los Letrados de la Administración de Justicia en 35 horas semanales de promedio anual (1.512 horas) y en 37,5 horas semanales para quienes tengan dedicación especial. Regula también el calendario laboral anual y el servicio de guardia.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 22/2026, que aprueba medidas urgentes sociales y económicas de apoyo a la ciudad de Ceuta. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Crea el Comité de Inversiones Estratégicas y regula los criterios y el procedimiento para declarar Proyectos Estratégicos de Inversión. La norma fija las condiciones de elegibilidad, las fases de la declaración previa y definitiva, el seguimiento y la posible revocación.

La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Sustituye el Real Decreto 1659/1998 y regula la información por escrito que la empresa debe dar a la persona trabajadora sobre las condiciones esenciales del contrato. Incluye reglas específicas para el trabajo en la pesca y para la gente de mar, con modelos de documento informativo y de contrato.