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Regula los requisitos y el procedimiento para que los centros, servicios y entidades privadas que atienden a personas en situación de dependencia en Ceuta y Melilla obtengan la acreditación administrativa. Fija requisitos de calidad, recursos humanos y reglas para la vigencia, renovación y revocación de la acreditación.

Prorroga durante 2026 y 2027 las bonificaciones y exenciones en tres tasas de Castilla y León: servicios veterinarios, licencias de caza de clases A y B y licencia de pesca, y expedición de certificados de profesionalidad, acreditaciones parciales y duplicados.

Desarrolla el régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la Administración hidráulica en materia de seguridad de presas y embalses. Regula sus funciones, los requisitos y el procedimiento para obtener el título, el registro, la suspensión y extinción del título, sus derechos y obligaciones, el control administrativo y el régimen de incompatibilidades y sancionador.

Modifica el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Cambia qué técnicos pueden emitir los certificados y regula el registro de técnicos competentes y la evaluación de la calidad de los certificados.

Establece los tipos de centros deportivos (CAR, CEAR, CTD y CETD) y de programas deportivos (alto rendimiento, tecnificación estatal y autonómica), y fija los criterios para clasificarlos. Esta clasificación sirve para conceder subvenciones del Consejo Superior de Deportes.

Reorganiza la Justicia para crear los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, y regula los medios adecuados de solución de controversias fuera de los tribunales. También modifica varias leyes procesales para adaptarlas a esta nueva organización.

Establece el marco para simplificar los trámites y procedimientos de la Administración de la Comunitat Valenciana. Crea órganos y planes de simplificación, regula el Canal Empresa, la carpeta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías, y modifica normas en muchas materias.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

Adopta el Código IP, un conjunto de normas internacionales de seguridad para buques que transportan personal industrial, como trabajadores de instalaciones mar adentro. El código se aplica a buques de arqueo bruto igual o superior a 500 y entra en vigor el 1 de julio de 2024.

Añade un nuevo capítulo XV al Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS). Este capítulo establece medidas de seguridad para los buques que transportan personal industrial, es decir, personas que trabajan en actividades industriales mar adentro. Incluye definiciones y remite al Código IP.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

La ley tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible. Regula el reconocimiento de la discapacidad y la dependencia, con procedimientos de urgencia, y establece medidas de apoyo para las personas afectadas y sus cuidadoras.

Regula cómo se reconocen en España los títulos y certificados profesionales de quienes trabajan en la navegación interior en aguas no marítimas. Crea el título de Patrón de Aguas Interiores no marítimas y regula su expedición, el registro de títulos, la libreta de servicio y el diario de navegación. Incorpora al derecho español varias directivas europeas sobre estas cualificaciones.