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La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Modifica el anexo del Real Decreto 1851/2009, que recoge las patologías que permiten anticipar la jubilación a personas con discapacidad igual o superior al 45 %. El anexo pasa a ser una lista abierta, ampliable con nuevas patologías y sujeta a revisión periódica.

Actualiza los módulos comunes de enseñanza deportiva de los títulos de Técnico Deportivo. Cambia la denominación, los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y los contenidos básicos, y renombra algunas especializaciones. Modifica los reales decretos que establecen estos títulos.

Modifica la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 con medidas extraordinarias para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). El sistema atiende a casi 1,7 millones de personas y emplea a más de 500.000.

Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Crea los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), títulos oficiales que acreditan el dominio de esta lengua en distintos niveles. Regula cómo se obtienen, quién los expide y qué efectos tienen, y modifica varias normas para encajar este sistema.

Regula los requisitos y el procedimiento para que los centros, servicios y entidades privadas que atienden a personas en situación de dependencia en Ceuta y Melilla obtengan la acreditación administrativa. Fija requisitos de calidad, recursos humanos y reglas para la vigencia, renovación y revocación de la acreditación.

El Tribunal Supremo estima el recurso de varias asociaciones de empresas de dependencia y anula la disposición final primera del Real Decreto 893/2024, que regulaba la protección de la seguridad y salud en el servicio del hogar familiar. Ordena publicar el fallo en el BOE e imponer las costas a la Administración.

La ley establece medidas para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y fomentar la corresponsabilidad en las Illes Balears. Regula actuaciones en el sector público, el sector privado y entre los trabajadores autónomos, e incluye planificación, seguimiento y medidas fiscales.

Modifica las reglas para conceder traslados a funcionarios de carrera de la Administración General del Estado por discapacidad sobrevenida, agravación de la discapacidad o motivos de salud propios o de familiares a cargo. Concreta cómo se valora la solicitud cuando la persona está de baja médica.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Regula cómo se pide y se decide incluir nuevas enfermedades o patologías en la lista que permite adelantar la jubilación a personas con un 45 % o más de discapacidad. Solo las asociaciones y organizaciones de afectados pueden pedir esa inclusión, y una comisión técnica estudia y valora cada solicitud.

Modifica el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social en materia de incapacidad permanente. Antes de extinguir el contrato de una persona con incapacidad permanente total, la empresa debe intentar ajustes razonables en el puesto de trabajo.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para cambiar la terminología con la que se refieren a las personas con discapacidad y eliminar términos peyorativos. Los cambios afectan a normas de gobernanza, hacienda pública, consumo, ámbito social y sanitario, espectáculos públicos, deporte y cultura.