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Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta que amplía las funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social traspasadas a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Estas funciones se suman a las ya transferidas por el Real Decreto 895/2011.

Establece el régimen jurídico para el uso civil de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS o drones) en España y modifica varias normas reglamentarias sobre control de importación, demostraciones aéreas, lucha contra incendios, búsqueda y salvamento, aeronavegabilidad, licencias, matriculación de aeronaves, compatibilidad electromagnética, reglamento del aire y notificación de sucesos.

Establece el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de otras entidades que prestan servicios de inversión. Regula su autorización, registro, agentes, sucursales, gobierno corporativo, requisitos de organización y normas de conducta con los clientes.

Regula el uso de aeronaves motorizadas ultraligeras (ULM) e incluye en la normativa nacional a los ultraligeros de tercera generación: aviones, helicópteros y autogiros con un peso máximo al despegue en torno a 600 kg. Establece el régimen de operación y los requisitos para las escuelas de vuelo.

Modifica el Reglamento de Extranjería para adaptar las autorizaciones de trabajo de personas extranjeras al nuevo marco de contratación laboral. Actualiza figuras como el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura y crea una unidad para tramitar expedientes de extranjería.

Modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y la norma sobre cualificación de conductores. Exime de autorización administrativa a ciertos vehículos de mercancías con combustibles alternativos y elimina el requisito de antigüedad media de la flota para las autorizaciones de transporte público de mercancías.

Establece las normas básicas para ordenar las granjas avícolas, tanto de carne como de puesta. Fija requisitos de higiene, bioseguridad, bienestar animal, ubicación, gestión de estiércoles y reducción de emisiones. Regula también el registro, la autorización y el movimiento de animales y huevos.

Regula cómo se certifica oficialmente que los vegetales y productos vegetales españoles cumplen los requisitos fitosanitarios del país de destino antes de exportarlos. Establece obligaciones para exportadores, entidades auditoras, agentes de control y laboratorios, y el procedimiento para expedir los certificados.

Modifica dos reales decretos sobre clasificación de canales de porcino, vacuno y ovino. Ajusta aspectos técnicos del marcado y etiquetado, la presentación de referencia y los factores de corrección del peso, y la comunicación de precios de mercado.

Modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) para actualizar sus requisitos. Incluye nuevas obligaciones sobre lectura de contadores de agua caliente sanitaria, información al consumidor y sistemas de automatización y control en edificios no residenciales.

Modifica la normativa que regula los paneles de catadores de aceite de oliva virgen. Establece criterios para autorizar estos paneles, para la formación de sus jefes y para que funcionen de forma armonizada. Crea la Mesa de jefes de panel como foro de intercambio de información.

Desarrolla la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas. Regula quién puede ser auditor, cómo se inscribe en el Registro Oficial, cómo ejerce su trabajo, su independencia y formación, y cómo se supervisa y sanciona la actividad.

Regula la seguridad operacional y la interoperabilidad del sistema ferroviario en la Red Ferroviaria de Interés General. Establece las funciones de los agentes del sector, las autorizaciones y certificados de seguridad, el mantenimiento de vehículos y la cualificación del personal ferroviario.

Amplía los casos en los que las organizaciones autorizadas de inspección y reconocimiento de buques pueden actuar en nombre de la Administración marítima española. También modifica el Real Decreto 877/2011 y el Real Decreto 357/2015 para incluir la remisión a normas de la Unión Europea sobre certificados de buques.

Modifica el reglamento de planes y fondos de pensiones y la normativa de seguros para completar la incorporación al derecho español de dos directivas europeas sobre fondos de pensiones de empleo y sobre la implicación a largo plazo de los accionistas.