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Establece un acuerdo de colaboración entre ONU-Habitat y la Vicepresidencia Primera de Castilla-La Mancha para cooperar en desarrollo urbano sostenible y lucha contra la despoblación. Se apoya en la Nueva Agenda Urbana y en la Ley 2/2021 de Castilla-La Mancha sobre despoblación y desarrollo rural.

El Ayuntamiento de Castellón de la Plana aporta 70.000 euros a ONU-Habitat para ejecutar el proyecto «Ciudades que se superan», que apoya la aplicación de los Planes de Acción de la Agenda Urbana Española en el municipio. ONU-Habitat recibe y administra los fondos y ejecuta las actividades del proyecto.

Actualiza la normativa reglamentaria española de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para adaptarla a los nuevos riesgos y a las exigencias internacionales. También introduce cambios puntuales en varias normas del sector financiero para ajustarlas al marco de la Unión Europea y reducir cargas administrativas.

Esta orden establece cómo se clasifican los fondos de pensiones según su política de inversión. Fija una definición para cada tipo de fondo en un anexo y regula los criterios de clasificación y la información que reciben los partícipes.

Crea el Comité de Inversiones Estratégicas y regula los criterios y el procedimiento para declarar Proyectos Estratégicos de Inversión. La norma fija las condiciones de elegibilidad, las fases de la declaración previa y definitiva, el seguimiento y la posible revocación.

Modifica las cláusulas 7 y 8 del acuerdo entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Instituto Universitario Europeo sobre financiación de ayudas a investigadores del programa de doctorado. Fija una duración inicial de cinco años, prorrogable por periodos anuales, y establece un sistema de arbitraje para resolver controversias.

Modifica normas fiscales y administrativas de Cantabria para 2026. Incluye cambios en la tasa de gestión final de residuos urbanos y en tributos cedidos, y ajusta varias leyes autonómicas sobre administración, subvenciones, protección civil, urbanismo, carreteras, sanidad y personal sanitario.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Aragón contra varios artículos y una disposición final de la Ley 10/2025, que regula los servicios de atención a la clientela. El recurso cuestiona también la modificación que esa ley hace de la Ley 44/2002 sobre reforma del sistema financiero.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026: fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entes dependientes, regula las retribuciones del personal y las operaciones financieras y tributarias. También establece las transferencias y delegaciones de competencias a los ayuntamientos.

Regula los servicios de atención a la clientela de las empresas, fijando niveles mínimos de calidad, medios de contacto, plazos de resolución de consultas y reclamaciones, sistemas de evaluación y un régimen de infracciones y sanciones.

Regula la financiación por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de hasta doce ayudas de doctorado por curso en el Instituto Universitario Europeo (IUE), para investigadores con nacionalidad o residencia legal en España. Las ayudas duran tres años y el IUE gestiona su pago mensual.