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Regula cómo se organizan y ejecutan los controles oficiales sobre la cadena agroalimentaria en España, para aplicar la normativa europea sobre alimentos, piensos, sanidad animal y vegetal. Incluye la toma de muestras, los análisis de laboratorio y las actuaciones ante riesgos o incumplimientos.

La ley establece medidas para prevenir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en toda la cadena alimentaria. Fija obligaciones para los agentes de la cadena, medidas de buenas prácticas, reglas sobre las fechas de consumo preferente y un régimen sancionador.

Delimita las actuaciones de los servicios de control oficial en frontera que dependen del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Ministerio de Sanidad. Regula los recintos e instalaciones de control, un protocolo reforzado de coordinación y una comisión interministerial de seguimiento.

El Decreto-ley crea ayudas extraordinarias para el viñedo de secano y para las Agrupaciones Técnicas de Sanidad Vegetal por asesoramiento técnico en 2023. También incluye medidas sobre juego, simplificación administrativa, cooperativas, tasas y precios públicos.

Modifica el reglamento técnico de control de plantones y material de multiplicación de hortalizas para incluir el azafrán. Regula la producción y comercialización de los cormos de azafrán y los somete a control oficial. También actualiza referencias a proveedores y a otras normas.

Modifica dos reglamentos técnicos sobre control y certificación de plantas de vivero de frutales y de materiales de reproducción de plantas ornamentales. Con ello incorpora al ordenamiento español una directiva europea que actualiza la lista de plagas reguladas de estos vegetales.

Regula cómo se gestionan y controlan las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) en España y establece un régimen de infracciones y sanciones por incumplimientos. También fija normas sancionadoras en sectores agrarios conexos, como el aceite de oliva, la leche, la cría animal y la nutrición de suelos.

Crea y regula el Registro de Operadores Profesionales de Vegetales (ROPVEG) y fija las condiciones para que los operadores autorizados puedan expedir pasaportes fitosanitarios. También establece obligaciones para los productores de material vegetal de reproducción y modifica varias normas sobre agricultura.

Adapta la normativa española al nuevo marco fitosanitario de la Unión Europea, que se aplica directamente desde diciembre de 2019. Deroga normas nacionales obsoletas y reúne en un solo texto las disposiciones sobre plagas de los vegetales, controles oficiales, programas de erradicación y el Comité Fitosanitario Nacional.

Regula cómo se certifica oficialmente que los vegetales y productos vegetales españoles cumplen los requisitos fitosanitarios del país de destino antes de exportarlos. Establece obligaciones para exportadores, entidades auditoras, agentes de control y laboratorios, y el procedimiento para expedir los certificados.

Establece reglas específicas para tramitar los procedimientos sancionadores en materia de sanidad vegetal y de sanidad y protección animal cuando la competencia es de la Administración General del Estado, en el ámbito de importaciones y exportaciones. Fija el plazo de tramitación y una reducción de la sanción pecuniaria.

Modifica varios reales decretos sobre control y certificación de plantas de vivero y materiales de reproducción vegetal. Adapta la normativa española a las reglas europeas sobre plagas de los vegetales en semillas y plantones. También permite delegar en otras personas jurídicas y fija requisitos para pruebas científicas.

Aprueba el Reglamento sobre el acceso a los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, y a los cultivados para otros fines. Desarrolla el título IV de la Ley 30/2006 y regula el acceso, las medidas de control, una comisión nacional y el fomento de los derechos de los agricultores.