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Establece las normas para aplicar en España dos reglamentos europeos: uno sobre el suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales y otro para reforzar la fabricación de tecnologías de cero emisiones netas. Crea puntos de contacto únicos, comisiones de coordinación y procedimientos para declarar proyectos estratégicos.

Establece un acuerdo de colaboración entre ONU-Habitat y la Vicepresidencia Primera de Castilla-La Mancha para cooperar en desarrollo urbano sostenible y lucha contra la despoblación. Se apoya en la Nueva Agenda Urbana y en la Ley 2/2021 de Castilla-La Mancha sobre despoblación y desarrollo rural.

Concede una subvención directa a la Fundación Minería y Vida para financiar actividades de sostenibilidad en la industria de las materias primas minerales. Estas actividades forman parte del I Plan de Acción 2026-2030, que incluye una campaña de concienciación, una memoria de sostenibilidad, una guía práctica y convenios voluntarios.

El Ayuntamiento de Castellón de la Plana aporta 70.000 euros a ONU-Habitat para ejecutar el proyecto «Ciudades que se superan», que apoya la aplicación de los Planes de Acción de la Agenda Urbana Española en el municipio. ONU-Habitat recibe y administra los fondos y ejecuta las actividades del proyecto.

Esta orden determina qué información del Registro de producción y gestión de residuos tiene carácter público. El Registro reúne las comunicaciones previas y autorizaciones de las comunidades autónomas sobre empresas que recogen, transportan, negocian o gestionan residuos, y forma parte del sistema electrónico eSIR.

Crea el Comité de Inversiones Estratégicas y regula los criterios y el procedimiento para declarar Proyectos Estratégicos de Inversión. La norma fija las condiciones de elegibilidad, las fases de la declaración previa y definitiva, el seguimiento y la posible revocación.

Regula la concesión directa de subvenciones a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar para financiar inversiones en la comarca. Las actuaciones se refieren al ciclo del agua, la gestión de residuos urbanos, equipamientos municipales y digitalización.

La ley regula el control ambiental en Cantabria: crea un sistema de autorizaciones e inspecciones para instalaciones y actividades, y establece la evaluación ambiental de planes y proyectos. También fija infracciones, sanciones y medidas correctoras.

Crea un marco para declarar proyectos de especial interés estratégico en las Illes Balears y acelerar su tramitación. Regula órganos de gobernanza (comisión, unidad y oficina aceleradoras) y medidas para agilizar inversiones públicas y privadas, con simplificación administrativa.

Regula cómo se asignan las ayudas públicas (régimen retributivo específico) a instalaciones de cogeneración de alta eficiencia mediante subastas. Fija el procedimiento, las ofertas, las garantías y la inscripción en el registro, y establece un calendario de subastas.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas para fortalecer la industria de transformación de productos de la pesca y la acuicultura. El cambio permite que los gastos se paguen hasta el momento de presentar la justificación, en lugar de exigir el pago dentro del periodo de ejecución del proyecto.

Modifica el Real Decreto 451/2022 para adaptar las ayudas a estrategias de energía sostenible en Illes Balears y Canarias a los nuevos objetivos 119 y 120 del Plan de Recuperación. Amplía el plazo de justificación de los proyectos hasta el 30 de junio de 2026, con posibilidad excepcional de extenderlo al 31 de julio de 2026.

Modifica varias normas de seguridad industrial para aplicar procedimientos de emergencia cuando la Unión Europea declare una crisis del mercado interior. También cambia el Real Decreto 212/2002 sobre el ruido de máquinas de uso al aire libre, en sus obligaciones de información y métodos de medición.

La ley regula la gestión ambiental en Andalucía: planificación, información y participación pública, evaluación ambiental de planes y proyectos, prevención y control de la contaminación, inspección y régimen sancionador. También crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente y la Red de Información Ambiental de Andalucía.