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Modifica los anexos I, II y III del Real Decreto 309/2022, que regula la compensación de costes indirectos de emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en el precio de la electricidad. Actualiza la lista de sectores industriales expuestos a riesgo de fuga de carbono y los parámetros del mecanismo para el periodo 2021-2030.

Establece las bases para conceder ayudas directas a proyectos españoles seleccionados por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) en el esquema «Subasta como Servicio», dentro del futuro Banco de Descarbonización Industrial. Las ayudas se financian con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de Next Generation EU.

Modifica el Real Decreto 1089/2020, que regula el ajuste de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el periodo 2021-2030. Actualiza así las normas que aplican en España el régimen europeo de comercio de derechos de emisión.

Regula el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, un fondo público sin personalidad jurídica adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica. Establece sus objetivos, las actuaciones que puede financiar, cómo se compran créditos de carbono y cómo se organiza y gestiona.

Establece las bases reguladoras del programa MOVES Flotas Plus, que da ayudas para electrificar flotas de vehículos ligeros. Las ayudas se financian con fondos europeos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación. Regula quién puede pedirlas, qué costes se subvencionan, cuánto se concede y cómo se solicita, justifica y cobra.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 2 del Decreto-ley 4/2022 de Cataluña, que sube el tipo de gravamen del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. La sentencia examina si ese decreto-ley respetó los límites de la Constitución y del Estatuto de Cataluña.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono y regula su estructura y funcionamiento. Establece la obligación de calcular la huella de carbono y elaborar y publicar planes de reducción de emisiones para determinadas empresas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 2 del Decreto-ley 4/2022 de la Generalitat de Cataluña, que regula medidas tributarias y financieras urgentes. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto y abre un plazo para que las partes del recurso se personen.

Establece las tarifas que se cobran en el área española del Registro de Derechos de Emisión de la Unión Europea, creado por la Ley 1/2005. Regula qué cuentas pagan, qué servicios adicionales se prestan y qué ocurre si no se paga.

Desarrolla la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo 2026-2030 y regula la exclusión del régimen de comercio de derechos de emisión de hospitales, instalaciones de pequeño tamaño e instalaciones que emiten menos de 2.500 toneladas. Establece las solicitudes, requisitos de verificación, obligaciones de seguimiento y régimen sancionador de las instalaciones excluidas.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas e impuestos propios y cedidos, y en organización administrativa. También cambia normas sobre vivienda, servicios sociales, infancia, juego, función pública, educación, agricultura, medio ambiente y sanidad.

Concede una subvención directa al Instituto Volcanológico de Canarias, S.A.U. para desplegar durante cuatro años (2023-2026) un sistema de vigilancia de emisiones de gases tóxicos en Puerto Naos y La Bombilla, en La Palma. La norma regula el procedimiento, la cuantía, el pago y la justificación de la ayuda.

Establece el método para calcular el coste de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en los vertederos donde se depositan residuos biodegradables. Ese coste se incluirá en el precio que los vertederos cobran por admitir estos residuos.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Estas enmiendas actualizan el Anexo VI del Convenio MARPOL, que regula la contaminación atmosférica causada por los buques. Entraron en vigor el 1 de noviembre de 2022, también para España.