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Regula el tercer sector social en Cataluña: las entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios sociales. Establece sus actividades, los cauces de colaboración y participación con las administraciones, su promoción, financiación y evaluación.

Regula cómo se asignan las vocalías del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), así como el nombramiento y cese de sus titulares. Fija los requisitos para participar, los criterios de reparto entre organizaciones sindicales, empresariales y otras entidades, y la designación de las vocalías de las administraciones públicas.

Regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que fija las ayudas y líneas de financiación del Estado en materia de vivienda. Incluye subvenciones para aumentar la vivienda social y asequible, para rehabilitar edificios y mejorar la accesibilidad, y para reducir el esfuerzo económico de pagar la vivienda y facilitar la emancipación de los jóvenes.

Modifica el Real Decreto 221/2008, que crea y regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas. Cambia su composición y funcionamiento como órgano asesor y consultivo del Gobierno para impulsar las políticas de responsabilidad social empresarial.

Crea y regula el Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura, un órgano colegiado de participación, consulta y asesoramiento en materia de calidad de la arquitectura. Establece su composición, sus funciones y su funcionamiento interno mediante un Pleno, un Comité Experto y varias secciones.

Modifica la norma que crea el Consejo Asesor de Asuntos Económicos. Cambia el nombramiento de sus miembros: dos años renovables por periodos de igual duración, sin límite de renovaciones. También actualiza las referencias al ministerio y a la dirección general competentes.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materias administrativas y tributarias para aplicar los objetivos de los presupuestos de 2025. Ajusta normas sobre hacienda, archivos, educación, montes, patrimonio cultural, ordenación del territorio, infancia, integridad pública y juego.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2025. Incluye cambios en impuestos cedidos, un impuesto sobre estancias turísticas y modificaciones en telecomunicaciones, energía eólica, medio ambiente, vivienda, sanidad y empleo público, entre otras áreas.

Crea y regula el Consejo de Finanzas Sostenibles, un órgano del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Su objetivo es coordinar la política de finanzas sostenibles para apoyar la transición ecológica y el cumplimiento de los objetivos climáticos.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Regula cómo participan las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Andalucía en los órganos públicos y en los espacios de diálogo social. Establece criterios de representatividad, derechos y deberes, y una compensación económica por esa participación.

Crea un órgano colegiado que actúa como Consejo de Inversión de los instrumentos financieros del Fondo de Resiliencia Autonómica, acordados entre España y el Grupo Banco Europeo de Inversiones. El órgano se reúne en distintas configuraciones para cada instrumento y cuenta con participación autonómica y de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Crea el Consejo de la Productividad de España, un órgano que analiza y evalúa las políticas públicas que afectan al crecimiento de la productividad. Regula su composición, presidencia, secretaría, funciones y forma de funcionamiento, y prevé un informe anual.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para simplificar y agilizar el funcionamiento de sus instituciones y organismos. Regula el estatuto de los expresidentes, la evaluación posterior de las normas y crea el Consejo de Transparencia y Protección de Datos.