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Establece las bases para conceder ayudas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en concurrencia competitiva, a actividades y estancias que fomenten el uso de la ciencia en las políticas públicas. Regula solicitudes, evaluación, pago, justificación y reintegro.

Regula cómo se organiza la Administración Digital del Estado y qué órganos e instrumentos intervienen. Crea la Agencia Estatal de Administración Digital y fija el modelo de gobernanza de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Establece la planificación y los informes técnicos en la contratación de estas tecnologías.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Gobierno vasco contra varios artículos del Real Decreto-ley 14/2019, que regula medidas urgentes de seguridad pública en administración digital, contratación pública y telecomunicaciones. La sentencia analiza si el decreto-ley tenía habilitación para regular estas materias y si respeta las competencias autonómicas.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Generalidad de Cataluña contra el Real Decreto 203/2021, que regula la actuación del sector público por medios electrónicos. Anula la disposición transitoria primera de ese real decreto y rechaza el resto de peticiones, sin imponer costas.

Actualiza el fascículo 2 de la Guía de Comunicación Digital de la Administración General del Estado, que regula cómo se componen las cabeceras de los sitios web ministeriales y sus logotipos. También da recomendaciones para mejorar el diseño de los pies de página.

Aprueba un plan de medidas de ahorro y eficiencia energética para la Administración General del Estado y sus entidades públicas. El plan busca reducir el consumo de energía en edificios, infraestructuras y movilidad del sector público estatal.

Establece las condiciones de uso de un sistema de firma electrónica no criptográfica vinculado al servicio AutenticA. Este sistema se ofrece como complemento a la firma electrónica avanzada con certificado cualificado para relacionarse con la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

Modifica el Real Decreto 581/2017 para ajustar el procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales en España a la normativa europea. Añade la obligación de informar al solicitante, en el plazo de un mes, de los documentos que falten en su expediente y amplía el plazo para subsanarlos.

Regula el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado (REG-AGE). Establece cómo se accede, cómo se anotan los documentos que se presentan o reciben, el acuse de recibo, las consultas y el cómputo de plazos. También fija qué órganos son competentes y cómo se protegen los datos personales.

Regula el Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Estos funcionarios pueden identificar y firmar electrónicamente en nombre de las personas interesadas que no dispongan de medios electrónicos propios. La orden fija los órganos competentes, la inscripción, el contenido y el funcionamiento del registro.

Regula el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado. Establece cómo se inscriben, aceptan, revocan y renuevan los poderes que una persona da a otra para hacer trámites en su nombre ante la Administración. También aprueba los modelos de poderes.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones del Estado al Seguro Agrario. Cambia el Real Decreto 425/2016, que regula la concesión de estas ayudas a los agricultores que contratan seguros agrarios.

Aprueba la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas. La estrategia ordena cartografiar los ecosistemas y elaborar programas de trabajo para conservar la biodiversidad y restaurar ecosistemas degradados.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno Vasco contra el Real Decreto-ley 14/2019, que regula medidas urgentes de seguridad pública en administración digital, contratación pública y telecomunicaciones.

Establece cómo deben actuar y funcionar las administraciones públicas por medios electrónicos. Regula los portales de internet, las sedes electrónicas, la identificación y firma electrónica, los registros y notificaciones electrónicas, el expediente administrativo electrónico y la colaboración entre administraciones.

Establece las condiciones para que la Agencia Tributaria cobre en vía ejecutiva las deudas que son recursos de los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado. Regula cómo los organismos envían esas deudas, qué datos deben incluir y cómo se resuelven las incidencias.