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Aprueba enmiendas al Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS). Cambian reglas sobre la fuente de energía eléctrica de emergencia en buques de pasaje y de carga y sobre dispositivos de salvamento y radiocomunicaciones.

Establece las condiciones para que los Departamentos Ministeriales envíen de forma centralizada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria las deudas no tributarias que son recursos del presupuesto del Estado, para que esta las cobre en vía ejecutiva. Regula también los intercambios de información entre ambos organismos derivados de esa gestión.

Establece los requisitos que deben cumplir los programas informáticos que usan empresarios y profesionales para facturar. Regula cómo se generan, conservan y firman los registros de facturación, y crea un sistema de facturas verificables con la Agencia Tributaria.

Regula cómo se acredita la competencia digital del profesorado en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Establece la convocatoria, los requisitos, la presentación de solicitudes, las comisiones de valoración y las listas de personas acreditadas. También fija las modalidades de acreditación por niveles y un registro de la acreditación.

Regula cómo se certifica que una empresa es emergente (startup) y puede acogerse a los beneficios de la Ley 28/2022. Fija los requisitos que debe cumplir la empresa, los criterios para evaluar si su proyecto es innovador y escalable, y el procedimiento ante la Empresa Nacional de Innovación (ENISA). También regula la pérdida de la certificación y el seguimiento.

Aprueba los modelos 504, 505 y 507 para solicitar autorizaciones de expedición o recepción de productos con impuestos especiales de fabricación (alcohol, tabaco, energía) con destino a la Unión Europea o procedentes de ella, y regula cómo presentarlos por vía electrónica. También regula la inscripción en el registro territorial de los operadores.

El Tribunal de Cuentas modifica su acuerdo de 2016 para permitir que los centros que gestionan gastos electorales envíen sus certificados de cuentas por un servicio web, además de por la sede electrónica. También autoriza a la Secretaria General a actualizar los modelos y las especificaciones técnicas.

La ley regula cómo el sector público de Aragón usa tecnologías en la nube (cloud): define una política cloud, un plan para adaptar sus sistemas informáticos y una certificación propia llamada Solución Cloud Certificada de Aragón. También incluye medidas para impulsar estas tecnologías en empresas, formación y contratación pública.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

Regula el apoyo a las empresas emergentes (startups) innovadoras. Establece incentivos fiscales, facilidades para atraer inversión extranjera y talento, trámites para sociedades limitadas, compra pública innovadora y entornos de prueba. También crea el Foro Nacional de Empresas Emergentes y una agencia de supervisión de inteligencia artificial.

Modifica la Ley del sector ferroviario para adaptar la normativa española a las directivas europeas sobre el espacio ferroviario único. Reordena la definición de infraestructura ferroviaria e instalaciones de servicio y regula el acceso de nuevas empresas al transporte de viajeros por ferrocarril.

Modifica la resolución que regula el informe de certificación de los sistemas técnicos de los operadores de juego. Añade un procedimiento para las segundas y sucesivas homologaciones de esos sistemas, además del ya previsto para las homologaciones iniciales.

Crea la red estatal de centros de excelencia de formación profesional y fija las bases para conceder ayudas a su implantación y desarrollo. Además, abre la convocatoria de estas ayudas para el año 2022 dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Modifica varias normas reglamentarias sobre seguridad marítima para adaptarlas a la normativa europea y a cambios técnicos. Afecta a buques de pasaje, equipos marinos, flota civil, pesquera y de recreo, y a la función inspectora de la Administración marítima.

Establece procedimientos comunes para acreditar los niveles de competencia digital docente (A1, A2, B1, B2, C1 y C2) del marco de referencia vigente. Las acreditaciones basadas en estos procedimientos se reconocen como equivalentes en todas las administraciones educativas.