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Regula la expedición, gestión y desarrollo del Documento Nacional de Identidad (DNI) en sus versiones física y digital. Establece los derechos y obligaciones de las personas titulares, la tramitación, validez, renovación y el tratamiento de datos personales. Adapta el DNI al Reglamento de la Unión Europea sobre seguridad de los documentos de identidad.

Regula cómo los Traductores-Intérpretes Jurados, Traductores Jurados e Intérpretes Jurados pueden usar la firma electrónica para certificar sus actuaciones, en lugar de la firma manuscrita y el sello físico. Establece el uso de certificados electrónicos cualificados y la consignación del número de registro y el idioma del trabajo.

Aprueba un servicio de asistencia al ciudadano por videoconferencia en los Puntos de Información Catastral, donde el personal del Catastro atiende a distancia. También añade la consulta y certificación del valor de referencia de los inmuebles y permite prestar algunos servicios por vía telemática.

Habilita hacer trámites y presentar solicitudes y documentos con la Seguridad Social por teléfono e internet, usando sistemas de identificación como certificados electrónicos, Cl@ve, códigos enviados al móvil, videoconferencia o datos biométricos. Sustituye a la resolución de 25 de mayo de 2021.

Modifica la Orden ETD/465/2021 para ampliar el plazo transitorio que permite a los prestadores de servicios electrónicos de confianza demostrar el cumplimiento de los requisitos de seguridad de los productos de identificación remota por vídeo mediante otras certificaciones, informes o pruebas, mientras no existan productos certificados según el esquema previsto.

Establece las condiciones para usar el certificado electrónico de personas físicas como forma de identificarse y firmar en actuaciones telemáticas con los órganos judiciales y la Administración de Justicia. Se apoya en los sistemas de identificación y firma previstos en la Ley 39/2015 y en la Ley 18/2011.

Establece las instrucciones y el calendario para que ciertas entidades locales soliciten financiación extraordinaria y cancelen facturas pendientes de pago anteriores al 1 de julio de 2021. Define también los modelos de certificados de deuda y el contenido de los planes de ajuste.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto positivo de competencia presentado por el País Vasco contra varios artículos y una disposición adicional del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. El conflicto afecta a los artículos 15.3 a), 26.2 c), 28.2, 29.4 y la disposición adicional novena de ese reglamento.

Regula el trabajo a distancia y el teletrabajo en las empresas. Establece que debe haber un acuerdo escrito entre empresa y persona trabajadora, y fija derechos como formación, equipos, compensación de gastos, horario flexible, desconexión digital y protección de datos.

Habilita Cl@veJusticia como sistema de identificación y firma electrónica para ciudadanos y profesionales que se relacionen telemáticamente con los órganos judiciales y demás órganos de la Administración de Justicia, y fija las condiciones de uso.

Habilita hacer trámites y presentar solicitudes y documentos con la Seguridad Social por teléfono e internet, usando sistemas de identificación como certificados electrónicos, Cl@ve, SMS, videoconferencia o datos biométricos. Regula qué permite cada sistema y cómo se presentan solicitudes con formularios electrónicos.

Regula cómo se puede comprobar la identidad de una persona por vídeo para emitir certificados electrónicos cualificados, sin que tenga que acudir presencialmente. Fija los requisitos técnicos, de seguridad, de personal, de instalaciones y de conservación de pruebas de ese proceso.

Establece cómo deben actuar y funcionar las administraciones públicas por medios electrónicos. Regula los portales de internet, las sedes electrónicas, la identificación y firma electrónica, los registros y notificaciones electrónicas, el expediente administrativo electrónico y la colaboración entre administraciones.