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Crea la sede electrónica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y regula su funcionamiento. Establece su ámbito de aplicación, la dirección electrónica, los órganos que intervienen y los contenidos y servicios que ofrece a la ciudadanía.

Crea y regula el registro electrónico de SEPIDES, E.P.E., entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Hacienda. Este registro sirve para recibir y enviar solicitudes, escritos y comunicaciones por vía electrónica en los trámites de su anexo. Es único para todos sus órganos y se accede a través de https://reg.redsara.es.

Cambia la dirección electrónica de la sede electrónica de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI). La nueva dirección es https://proteccioninformante.sede.gob.es. La dirección anterior seguirá accesible durante el tiempo necesario para la transición.

Deroga la orden que creaba y regulaba el Registro de Entidades Solicitantes de Ayudas del Ministerio de Industria y Turismo. Con la entrada en vigor, el Registro queda suprimido y se eliminan sus ficheros y datos.

Modifica la norma que regula las notificaciones y comunicaciones electrónicas en la Administración de la Seguridad Social. Actualiza el marco de relación electrónica obligatoria con la Seguridad Social conforme a la Ley 39/2015 y al Reglamento de actuación por medios electrónicos.

Crea y regula el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, donde se inscriben entidades habilitadas para presentar por vía electrónica solicitudes de extranjería en nombre de otras personas. La orden fija los órganos competentes, el procedimiento de inscripción, las obligaciones de los colaboradores y su baja del registro.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que contenía medidas urgentes en materia tributaria, de vulnerabilidad social y de recursos de los sistemas de financiación territorial. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Actualiza la sede electrónica de la Autoridad Portuaria de Gijón para adaptarla a la Ley 39/2015, la Ley 40/2015 y el Real Decreto 203/2021. Regula su identificación, dirección, contenidos, servicios y los medios para presentar sugerencias y quejas.

Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Actualiza el Registro Electrónico de la Autoridad Portuaria de Gijón, creado en 2013, para adaptarlo a las leyes de procedimiento administrativo de 2015 y al reglamento de actuación electrónica de 2021. Regula cómo se presentan y reciben solicitudes, escritos y comunicaciones por vía electrónica ante este organismo.

Modifica las bases y la convocatoria de ayudas del Programa único demanda rural para llevar banda ancha de al menos 100 Mbps a zonas rurales remotas sin cobertura suficiente. Actualiza las anualidades de las ayudas y fija la entrada en vigor de los cambios.

Modifica la Ley 2/1995 del Principado de Asturias sobre régimen jurídico de la Administración para adaptarla a las leyes estatales de 2015. Incluye medidas de simplificación administrativa en carreteras, montes, patrimonio, patrimonio cultural y subvenciones, y regula el uso de medios digitales e inteligencia artificial en los procedimientos.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

Regula cómo los obligados tributarios pueden presentar por internet reclamaciones y recursos económico-administrativos, y cómo se tramitan y resuelven por medios electrónicos. También aprueba los formularios que deben usarse en estos trámites.