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Modifica el procedimiento para participar por internet en las subastas de bienes a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. El cambio principal es que la Agencia Tributaria pasa a emitir el Número de Referencia Completo (NRC) necesario para constituir el depósito, en lugar de generarlo las entidades de crédito.

Modifica varias órdenes sobre la gestión recaudatoria de la Agencia Tributaria. Cambia el sistema del Número de Referencia Completo (NRC), el código que identifica los pagos hechos en entidades de crédito colaboradoras: pasa a emitirlo la Agencia Tributaria a petición de la entidad. También actualiza la domiciliación de deudas y los modelos de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

Modifica el procedimiento para pagar deudas tributarias por internet a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. Ahora la Agencia emite el Número de Referencia Completo (NRC) que autentica el pago, previa petición de las entidades colaboradoras. También ajusta el horario del servicio y las condiciones para las entidades de crédito que colaboran en la recaudación.

Aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad SICRES4, que fija el modelo de datos para el intercambio de asientos entre las oficinas de registro de las Administraciones públicas. Sustituye a la versión anterior de 2011 y permite adaptar los intercambios a las nuevas necesidades y avanzar hacia una tramitación automatizada.

Publica la norma técnica que indica cómo debe actuar el auditor de cuentas ante los estados financieros presentados en el Formato Electrónico Único Europeo (FEUE). También modifica la NIA-ES 700 (revisada) para incluir en el informe de auditoría la opinión sobre ese formato.

Regula cómo se puede comprobar la identidad de una persona por vídeo para emitir certificados electrónicos cualificados, sin que tenga que acudir presencialmente. Fija los requisitos técnicos, de seguridad, de personal, de instalaciones y de conservación de pruebas de ese proceso.

Aprueba las normas técnicas para incluir la representación gráfica de inmuebles (planos y coordenadas) en los documentos notariales. Busca que la descripción escrita del inmueble coincida con la descripción gráfica del Catastro.

Define los escenarios estándar nacionales (STS-ES) para operar drones (UAS) en la categoría «específica» en España mediante una declaración operacional. Establece las características y condiciones comunes y dos escenarios: vuelo dentro del alcance visual sobre zona controlada en entorno poblado y vuelo más allá del alcance visual con observadores en entorno poco poblado.

Regula un nuevo marco de retribución para instalaciones que producen electricidad con fuentes renovables. Ese marco se concede mediante subastas en las que se oferta potencia o energía y se compite por precio. Incluye un registro electrónico y reglas de liquidación.

Aprueba reglas técnicas para dibujar las fincas sobre el mapa del Catastro y para intercambiar información entre el Catastro y el Registro de la Propiedad. Crea un informe de validación gráfica que acredita que esas representaciones cumplen los requisitos para incorporarse al Catastro.

Establece las características que deben cumplir los sistemas de control biométrico de los centros de formación de conductores profesionales. Regula el registro diario de asistencia, su envío a la Dirección General de Transporte Terrestre y la conservación de los datos.

Establece las condiciones que deben cumplir las aplicaciones informáticas y los formularios electrónicos para que los usuarios de servicios públicos de transporte regular de viajeros presenten reclamaciones. Fija requisitos técnicos de firma digital, sello de tiempo, formato PDF y envío de datos al Ministerio, y clasifica las reclamaciones por criterios.

Establece exenciones temporales en la normativa nacional de aviación civil por la crisis del COVID-19. Permite prorrogar certificados de revisión de aeronavegabilidad y certificados médicos de pilotos de drones cuando no puedan renovarse por las restricciones de movimiento.

Regula el control metrológico del Estado sobre determinados instrumentos de medida, como básculas, contadores de agua, gas y electricidad, taxímetros y medidores de emisiones. Establece las fases de evaluación de la conformidad, verificación tras reparación y verificación periódica, y fija los exámenes, ensayos y errores máximos permitidos.