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Regula la concesión directa de una subvención al Gobierno de Canarias para organizar la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE. Fija la entidad beneficiaria, los gastos financiables, la cuantía, el pago, las obligaciones y la justificación.

Aprueba el procedimiento para gestionar el sistema de garantías de origen del gas procedente de fuentes renovables. Estas garantías son documentos electrónicos que acreditan ante el consumidor final que una cantidad de gas se ha producido a partir de fuentes renovables.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Crea el Foro contra las campañas de desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional como órgano colegiado de colaboración público-privada, adscrito al Departamento de Seguridad Nacional. Regula su composición, sus órganos (Presidencia, Vicepresidencia, Pleno y Secretaría) y su funcionamiento.

Regula el juego y las apuestas en La Rioja: fija las modalidades permitidas, las autorizaciones y los establecimientos donde se practican, y establece medidas para prevenir el juego problemático y patológico. También crea órganos de control, un registro de interdicciones de acceso y un régimen de infracciones y sanciones.

Introduce en el Convenio TIR un procedimiento electrónico (eTIR) que sustituye al cuaderno TIR en papel mediante el intercambio electrónico de datos. Crea un anexo 11 con las reglas de este procedimiento y un Organismo de Ejecución Técnica, y fija cómo se aprueban y modifican sus especificaciones.

Establece medidas para tramitar más rápido los procedimientos administrativos de la Junta de Castilla-La Mancha relacionados con los fondos europeos de recuperación. Regula la organización de los órganos que los gestionan, la tramitación de convenios, subvenciones y contratos, el control del gasto y el refuerzo de personal.

Aprueba la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para los sistemas de administración electrónica. Fija principios, estructura organizativa, responsabilidades y obligaciones del personal en materia de seguridad de la información.

Aprueba la Política de Seguridad de la Información para la administración digital del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Establece principios, estructura organizativa, gestión de riesgos y protección de datos personales. Deroga la orden anterior de 2014.

Regula la organización y el funcionamiento del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón. Establece las reglas de sus órganos, competencias, actuación administrativa, funcionamiento electrónico y relaciones con otras administraciones.

Aprueba la Política de Seguridad de los servicios digitales que presta la Secretaría General de Administración Digital. Fija los principios, la estructura organizativa y las responsabilidades para proteger la información y los datos personales en esos servicios.

La ley actualiza la normativa de ordenación del territorio y urbanismo de Castilla-La Mancha. Introduce principios de desarrollo sostenible y simplifica los trámites administrativos urbanísticos, con medidas para impulsar la actividad económica, especialmente en zonas rurales.

Modifica el reglamento de la Ley del Cine para que las personas físicas del sector se relacionen con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales solo por medios electrónicos. También obliga a todas las salas de cine a controlar la asistencia y declarar rendimientos mediante el procedimiento ordinario de los «Buzones».

Publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. Crea un sistema nacional para prevenir, detectar, alertar, seguir y responder a la desinformación, y una Comisión Permanente que coordina a los organismos implicados.

Fija las tarifas que la entidad de gestión EGEDA puede cobrar a las operadoras de televisión de pago por retransmitir grabaciones audiovisuales. La tarifa se paga por abonado y mes y varía según el nivel de audiencia de los canales públicos incluidos en la oferta. Se aplica desde el día siguiente a su publicación en el BOE.