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Establece el procedimiento para pagar por internet la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico (modelo 990). Sustituye a la resolución de 2023 y permite usar las nuevas modalidades de pago de la Agencia Tributaria, como tarjeta y transferencia bancaria instantánea.

Modifica la resolución de 2006 que regula la validación con código NRC de los avales presentados ante la Agencia Tributaria. Añade los avales que deben constituir ciertos depositantes de carburantes para garantizar el ingreso del IVA tras salir del régimen de depósito fiscal.

Establece el calendario para aplicar los procedimientos de financiación que permiten a ciertas entidades locales cancelar deudas pendientes con proveedores. Regula también el contenido de los planes de ajuste y su posible revisión en esos procedimientos.

La Agencia Tributaria aprueba las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2025. Estas directrices fijan las líneas de información, asistencia, prevención, investigación y control del fraude para ese año.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

Modifica la norma que crea la sede electrónica de la Agencia Tributaria para crear una sede electrónica asociada, la Oficina Virtual del Personal. Este canal sirve para que el personal de la Agencia Tributaria acceda a información y servicios de recursos humanos y reciba notificaciones electrónicas.

Establece las instrucciones y el calendario para que determinadas entidades locales puedan financiar la cancelación de deudas pendientes con sus proveedores. Regula dos vías: una voluntaria, para entidades que superan el plazo máximo de pago, y otra obligatoria, para las que lo incumplen de forma reiterada. También fija aspectos de los planes de ajuste y su posible revisión.

Regula cómo la Agencia Tributaria embarga por vía telemática los créditos que un deudor tiene pendientes de cobro a través de terminales punto de venta (TPV). Las entidades de crédito y proveedores de servicios de pago pueden adherirse a un sistema automatizado de intercambio de datos o usar formularios.

Modifica el modelo de comunicación que deben usar los intermediarios fiscales que están exentos de informar sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal por secreto profesional. Ahora solo deben comunicar esa exención a su propio cliente, no al resto de intermediarios.

Establece las condiciones para que los Departamentos Ministeriales envíen de forma centralizada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria las deudas no tributarias que son recursos del presupuesto del Estado, para que esta las cobre en vía ejecutiva. Regula también los intercambios de información entre ambos organismos derivados de esa gestión.

Modifica la organización del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria. Crea nuevas áreas y unidades en varias subdirecciones generales y suprime el apartado sobre las Administraciones de asistencia Digital Integral. No aumenta el gasto público.

Modifica la organización del Área de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Crea el Centro de Ciberseguridad y Protección de Datos y la Unidad Central de Sistemas de Atención al Contribuyente.

Crea la Unidad Nacional de Coordinación de Asistencia Digital y el Comité Permanente de Información y Asistencia Digital dentro de la Agencia Tributaria. Establece sus normas de organización y funcionamiento para coordinar la asistencia no presencial a los contribuyentes.

Establece las instrucciones y el calendario para que ciertas entidades locales soliciten financiación extraordinaria y cancelen facturas pendientes de pago anteriores al 1 de julio de 2021. Define también los modelos de certificados de deuda y el contenido de los planes de ajuste.

Actualiza el procedimiento electrónico de intercambio de ficheros entre la Agencia Tributaria y las entidades de crédito para responder a requerimientos de movimientos de cuentas bancarias. Amplía los supuestos en que se pueden pedir estos datos y el contenido de la información.

Modifica el procedimiento para validar avales presentados ante la Agencia Tributaria mediante un código NRC. Desde ahora, el NRC lo genera la propia Agencia Tributaria a petición telemática de la entidad avalista, y no la entidad financiera.