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La ley aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026. Fija los gastos e ingresos de la administración autonómica y de sus entes públicos, y regula cómo se pueden modificar los créditos, las retribuciones del personal y las operaciones de deuda.

Cambia la composición de las Comisiones Delegadas del Gobierno para ajustarla a la nueva estructura de Vicepresidencias. Fija qué cargos presiden cada comisión y qué ministerios participan en ellas.

Fija cómo los representantes de candidaturas electorales proclamadas piden y reciben por internet una copia del censo electoral vigente. Las juntas electorales envían las candidaturas proclamadas a la Oficina del Censo Electoral y las solicitudes se presentan por la sede electrónica del INE con Cl@ve. Sustituye a la Instrucción 3/2023.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 6/2026, que modifica la Ley de Memoria Democrática. La norma trata el reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia.

El acuerdo permite a los ciudadanos españoles y a las personas residentes o establecidas en España enviar comunicaciones escritas al Comité Económico y Social Europeo en las lenguas oficiales de España distintas del castellano. Las comunicaciones se envían a un organismo designado por el Gobierno español, que las traduce al castellano y las remite al Comité.

Actualiza la Lista de Prohibiciones de 2026 del Código Mundial Antidopaje, que forma parte del Convenio contra el dopaje del Consejo de Europa. La lista entra en vigor el 1 de enero de 2026 y enumera las sustancias y métodos prohibidos en el deporte, en competición y fuera de ella.

Hace públicas las comunicaciones recibidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre tratados internacionales multilaterales en los que España es parte, entre el 1 de diciembre de 2025 y el 11 de marzo de 2026. Incluye adhesiones y declaraciones de otros países ante estos tratados.

Regula el Registro de Alias que gestiona la CNMC, donde las empresas y administraciones públicas deben inscribir los nombres alfanuméricos que usan como remitente en mensajes SMS/MMS/RCS. Los operadores deben bloquear los mensajes con alias no inscritos o enviados por proveedores no habilitados.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de seis diputados del Parlamento de Cataluña. Declara que la mesa de la Cámara vulneró su derecho a ejercer las funciones representativas al admitir a trámite propuestas de resolución que incumplían lo decidido por el propio Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de un guardia civil investigado por tráfico de drogas y anula los autos de prisión provisional. Considera que se vulneraron sus derechos a la libertad personal y a la defensa porque no tuvo acceso real y efectivo a los elementos esenciales de la causa para defenderse.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de un condenado al que la Audiencia Nacional transformó de penado a preso preventivo al admitirse su recurso de casación. Declara que las resoluciones judiciales vulneraron su derecho a la libertad personal por falta de motivación y por una interpretación contraria a la legalidad y excepcionalidad de la prisión provisional.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Comunidad de Madrid contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara constitucionales los preceptos sobre el derecho a disfrutar de una vivienda digna y sobre las viviendas asequibles incentivadas, y aprecia pérdida parcial de objeto en otros puntos.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Parlamento de Cantabria contra la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Declara que algunos preceptos sobre responsabilidad administrativa y contable y sobre competencia y procedimiento no tienen naturaleza de ley orgánica, y avala la constitucionalidad de la medida de amnistía.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad del Consejo de Gobierno de las Illes Balears contra la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. La sentencia declara la constitucionalidad de la medida y aprecia la pérdida parcial de objeto del proceso.

Modifica la Ley de Cantabria 1/2023 sobre reconocimiento y dignidad a las víctimas del terrorismo. Amplía quién puede cobrar las indemnizaciones, incluyendo a herederos de personas fallecidas antes del 15 de abril de 2023, y fija en dieciocho meses el plazo para presentar solicitudes.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Xunta de Galicia contra la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía en Cataluña. Declara que la impugnación de los preceptos sobre el ámbito de aplicación ha perdido objeto y se remite a su doctrina previa sobre la constitucionalidad de la amnistía.

El Pleno del Tribunal Constitucional no admite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra varios artículos de la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía. La cuestión se refería a los artículos 1, 3, 4 y 11 y a la disposición final segunda de esa ley.