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Crea la sede electrónica asociada de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, dependiente del Punto de Acceso General electrónico de la Administración General del Estado. Fija su dirección, su titularidad y quién gestiona sus contenidos y servicios.

Esta orden fija los plazos y el modelo para que las plataformas en línea de alquiler de corta duración envíen datos a la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Los datos incluyen el número de registro, la dirección de la unidad y la actividad de alquiler por unidad.

Crea y regula el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En él se inscriben los poderes que una persona otorga a otra para realizar trámites concretos ante este organismo. Establece cómo se otorgan, aceptan, inscriben, modifican, renuevan y revocan esos poderes.

Establece las bases para conceder ayudas públicas a proyectos que desarrollen productos y servicios tecnológicos para espacios de datos sectoriales. Estas ayudas se financian con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del programa europeo Next Generation EU.

Modifica la ley que regula el intercambio de antecedentes penales entre países de la Unión Europea para adaptarla al sistema europeo ECRIS. Incluye datos como la imagen facial y las huellas, y regula la identificación de condenas de nacionales de terceros países.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Crea y regula el Registro estatal de prestadores de servicios de comunicación audiovisual, de intercambio de vídeos a través de plataforma y de agregación de servicios audiovisuales. Establece cómo se inscriben estos prestadores y el procedimiento de comunicación previa del inicio de actividad.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

Establece las bases para conceder ayudas a la descripción y digitalización de archivos con documentos de más de cuarenta años, y aprueba la convocatoria de 2022. Las ayudas se financian con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Modifica la Instrucción que regula cómo los partidos políticos y sus fundaciones presentan telemáticamente sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas. Establece el formato de esas cuentas y el cumplimiento de las obligaciones de información. Incluye dos disposiciones transitorias.

Modifica el Real Decreto 581/2017 para ajustar el procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales en España a la normativa europea. Añade la obligación de informar al solicitante, en el plazo de un mes, de los documentos que falten en su expediente y amplía el plazo para subsanarlos.

Regula el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado. Establece cómo se inscriben, aceptan, revocan y renuevan los poderes que una persona da a otra para hacer trámites en su nombre ante la Administración. También aprueba los modelos de poderes.

Modifica la Ley Foral 5/2018 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de Navarra. Establece un plazo para poner en marcha un sistema integral de información.

Establece cómo deben actuar y funcionar las administraciones públicas por medios electrónicos. Regula los portales de internet, las sedes electrónicas, la identificación y firma electrónica, los registros y notificaciones electrónicas, el expediente administrativo electrónico y la colaboración entre administraciones.

Establece medidas organizativas en el ámbito sanitario, social y de salud pública para afrontar la COVID-19. Permite a enfermeras del ICAM acceder a historias clínicas en trámites de incapacidad temporal, regula la comunicación de datos del personal de servicios sociales residenciales y crea el Registro de vacunación de Cataluña. También modifica dos decretos-ley anteriores.