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Modifica la ley general de derechos de las personas con discapacidad y la ley de dependencia para ampliar y reforzar sus derechos a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal, adaptándolas al artículo 49 de la Constitución. También cambia otras normas relacionadas, como la de propiedad horizontal, la de seguros y la de patrimonio histórico.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Modifica la normativa del juego online para crear un sistema de límites de depósito conjuntos por jugador, que se aplica al conjunto de operadores y no a cada uno por separado. También ajusta el Real Decreto 176/2023 sobre entornos más seguros de juego.

Regula los servicios de atención a la clientela de las empresas, fijando niveles mínimos de calidad, medios de contacto, plazos de resolución de consultas y reclamaciones, sistemas de evaluación y un régimen de infracciones y sanciones.

Establece cómo funciona la Lista de Confianza de Espacios de Datos: qué espacios pueden inscribirse, qué información se publica de cada uno, el formulario de solicitud, los criterios de evaluación y un correo oficial de contacto. También inscribe de oficio el Espacio Nacional de Datos de Salud.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Asociación Nacional de Pilotos de Drones contra el Real Decreto 517/2024, que regula el uso civil de drones. Anula la Sección 3.ª del Capítulo VI y rechaza el resto de las pretensiones.

La ley regula la integridad pública en Castilla-La Mancha: fija reglas de incompatibilidades y conflictos de intereses para cargos públicos, crea una Oficina de integridad y registros de actividades y bienes, y establece un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica el Real Decreto 95/2009, que regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ). El cambio busca que la información penal sobre profesionales con inhabilitación o prohibición para ejercer en el ámbito docente y sanitario pueda enviarse al mecanismo de alerta europeo (IMI).

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Modifica las bases de las subvenciones a entidades de protección animal. Agrupa los gastos subvencionables en tres tipos: veterinarios, alimentación y traslado de animales, y mejora de instalaciones. Excluye expresamente los gastos de salarios del personal.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 16/2023 de la Comunidad de Madrid, que simplifica y mejora la eficacia de sus instituciones y organismos. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores y también impugna varios artículos concretos de esa ley.