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La ley introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable, que requiere protección especial en sus relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas para atender situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Regula cómo las autoridades competentes tratan datos personales para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos y ejecutar sanciones penales. Adapta al ordenamiento español la Directiva (UE) 2016/680 y fija principios, derechos de las personas, obligaciones de los responsables y régimen sancionador.

El Tribunal Constitucional mantiene suspendidos varios apartados del Decreto 87/2020 del Presidente de Canarias que establecía el cierre perimetral de la comunidad. La suspensión afecta a los pasajeros que llegan de otro Estado y garantiza que no se aplique lo más restrictivo que el artículo 6 del Real Decreto 926/2020, del estado de alarma.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, que establece medidas urgentes de prevención, contención y coordinación frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Amplía la lista de rutas aéreas del programa piloto de corredores turísticos seguros hacia Illes Balears. Añade nuevos vuelos desde aeropuertos de Alemania con destino al aeropuerto de Palma de Mallorca. La orden tiene efectos hasta las 00:00 horas del 21 de junio de 2020.

Regula un programa piloto para abrir corredores turísticos seguros en Illes Balears. Permite levantar de forma parcial los controles temporales en las fronteras interiores establecidos por el COVID-19. Fija requisitos, obligaciones de los agentes aeroportuarios y medidas de seguimiento epidemiológico.

Establece medidas de prevención, contención y coordinación frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones de higiene en centros de trabajo, comercios, hostelería, centros sanitarios y educativos, transportes y otros sectores. También fija la vigilancia epidemiológica, el control de medicamentos y un régimen sancionador.

Establece que las personas que lleguen a España procedentes de otros países deben guardar cuarentena durante el tiempo que fija la norma, mientras dure la crisis sanitaria del COVID-19. La medida se dicta al amparo del estado de alarma y de la legislación de salud pública.