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Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio del Interior a entidades que colaboran en protección civil y en la educación superior de personas internas en centros penitenciarios. Fija el procedimiento, las entidades beneficiarias, las cuantías, el pago, la justificación y el reintegro.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 4/2026, de 10 de febrero, que garantizaba la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para proteger el acceso a bienes y servicios esenciales durante emergencias. Permite limitar temporalmente los precios cuando una emergencia altere la oferta y la demanda. Incluye medidas para los servicios afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Aprueba medidas urgentes para la recuperación tras la DANA de octubre y noviembre de 2024. Incluye préstamos y avales del ICO, apoyo a la industria y el turismo, aplazamientos de cotizaciones a la Seguridad Social, ayudas frente a inundaciones y subvenciones al sector cultural.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

La ley regula en Aragón la protección civil y la gestión de emergencias. Ordena cómo se organizan las administraciones, los planes de prevención y respuesta, la formación y el voluntariado, y establece un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para simplificar y agilizar el funcionamiento de sus instituciones y organismos. Regula el estatuto de los expresidentes, la evaluación posterior de las normas y crea el Consejo de Transparencia y Protección de Datos.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

Esta ley de Extremadura agrupa medidas para agilizar la respuesta de la administración a la ciudadanía y mejorar la prestación de servicios públicos. Incluye cambios en el impulso a proyectos empresariales, en normas ambientales, urbanísticas, tributarias, de consumo, de renta garantizada y de contratación pública, entre otras.

Establece el marco para gestionar la pandemia de COVID-19 en Euskadi: declara situaciones de emergencia sanitaria, fija niveles de alerta con medidas según cada nivel, regula el sistema de información de salud, rastreo de contagios y un régimen sancionador.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio del Interior a entidades que colaboran en protección civil, en la atención a personas internas en centros de internamiento de extranjeros y en la enseñanza universitaria a personas reclusas. Fija el procedimiento, los beneficiarios, las cuantías y la justificación de estas ayudas.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

Permite sustituir temporalmente algunos documentos obligatorios para matricular o cambiar de titular un vehículo por una declaración responsable, cuando no se puedan presentar de forma telemática. El interesado se compromete a formalizar el trámite ante la Administración competente en el plazo de un mes desde el fin del estado de alarma.

Modifica el real decreto que declaró el estado de alarma por el COVID-19. Ajusta las actividades permitidas para circular, la suspensión de comercios y locales, el transporte de mercancías y los plazos administrativos y tributarios.