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Concede una subvención directa a la Fundación Princesa de Asturias para financiar la convocatoria 2026 de los Premios Princesa de Asturias. La ayuda cubre las reuniones de los jurados, la ceremonia de entrega, la dotación económica de los premios y los gastos de organización, difusión y publicidad.

Crea la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y de sus organismos públicos. Regula sus funciones, composición y funcionamiento, y el procedimiento de acceso a los archivos central y general del Departamento. Suprime la comisión anterior del Ministerio de la Presidencia y un grupo de trabajo.

Modifica la estructura del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para crear una Oficina de reconocimiento y reparación de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. La Oficina depende de la Dirección General de Libertad Religiosa y tramita las solicitudes del sistema acordado con la Iglesia y el Defensor del Pueblo.

Crea la sede electrónica asociada de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, dependiente del Punto de Acceso General electrónico de la Administración General del Estado. Fija su dirección, su titularidad y quién gestiona sus contenidos y servicios.

Concede de forma directa una subvención a la Fundación Princesa de Asturias para financiar la convocatoria 2025 de los Premios Princesa de Asturias. La norma fija el procedimiento, la cuantía, el pago, las obligaciones de la fundación y la justificación del gasto.

Fija el 1 de septiembre de 2025 como fecha de inicio de actividad de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Hasta el 1 de noviembre de 2025, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes le seguirá prestando servicios de personal, logística, contratación, informática y web.

Establece las bases para conceder subvenciones, en concurrencia competitiva, a actividades que fortalezcan la convivencia y prevengan la intolerancia y la discriminación por motivos religiosos. Regula quién puede solicitarlas, los gastos cubiertos, los criterios de valoración, el procedimiento y el control del dinero.

Regula la concesión directa de subvenciones a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica de España. Estas entidades firmaron acuerdos de cooperación con el Estado y reciben dinero para cumplir las funciones que esos acuerdos les asignan.

Aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., un organismo estatal con autonomía e independencia del Gobierno. El Estatuto regula su organización, personal, presupuesto, contratación y funcionamiento para proteger a quienes denuncian infracciones normativas.

Crea la Comisión Interministerial de seguimiento e impulso del Plan de Acción por la Democracia. La Comisión vigila el cumplimiento de las once líneas de actuación y treinta y una medidas del Plan, evalúa su impacto y puede proponer cambios. Se convoca al menos una vez al trimestre.

Crea y regula los órganos de coordinación, seguimiento y participación del II Plan Nacional de Derechos Humanos (2023-2027). Establece un Comité de dirección y una Comisión interministerial de seguimiento, con sus fines, funciones, composición y mandato.

Regula la concesión directa de subvenciones a las confesiones religiosas minoritarias que tienen acuerdos de cooperación con el Estado: la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica de España. Establece las entidades beneficiarias, las actuaciones a financiar, las cuantías, los gastos subvencionables y el procedimiento de concesión, pago y justificación.

Crea las unidades administrativas de varias oficinas de asistencia a las víctimas del delito: una en la Audiencia Nacional, otra para víctimas del terrorismo en la Audiencia Nacional y oficinas en Mallorca, Ibiza, Menorca, varias provincias de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla. Regula su estructura, personal, funciones y dependencia.

Establece la estructura orgánica básica de los 22 departamentos ministeriales, fijando los órganos superiores y directivos de cada uno. Desarrolla la reestructuración ministerial previa y regula la subsistencia de órganos, adscripciones y régimen transitorio.

Reorganiza la Administración General del Estado en 22 ministerios y fija las competencias y la estructura interna de cada uno. También adscribe organismos públicos a los nuevos departamentos y suprime los órganos que desaparecen.