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Crea el Comité de Integridad del Ministerio de Hacienda y fija su composición y funciones. También regula el Comité Antifraude y la Comisión del Sistema Interno de Información, y cómo se coordinan estos tres órganos.

Crea el órgano administrativo que certifica si los gastos del programa «Plan 2030 de Apoyo al Deporte Base II» se ajustan a sus objetivos. Este programa permite aplicar beneficios fiscales de mecenazgo entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2027.

Crea el órgano administrativo que certifica si los gastos del programa «Deporte Inclusivo III» se ajustan a sus objetivos. Este programa tiene beneficios fiscales de mecenazgo y se extiende del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2027.

Fija el 1 de septiembre de 2025 como fecha de inicio de actividad de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Hasta el 1 de noviembre de 2025, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes le seguirá prestando servicios de personal, logística, contratación, informática y web.

Crea un órgano colegiado entre varios ministerios para gestionar el programa de apoyo al acontecimiento deportivo «RETO DE», declarado de excepcional interés público. Este órgano certifica si los gastos se ajustan a los objetivos del programa y tramita las certificaciones.

Crea y regula la Junta de Contratación y la Mesa de Contratación del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Fija sus funciones, composición y forma de funcionamiento, y deroga la norma anterior sobre la Mesa de Contratación.

Crea el Foro Integral de Seguimiento y Evaluación de la Cultura de Seguridad Nacional, un órgano colegiado de colaboración entre el sector público y el privado. Regula su composición, sus órganos internos y su forma de funcionar.

Crea el órgano administrativo que certifica si los gastos del programa de apoyo al acontecimiento «Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base» se ajustan a sus objetivos. El programa permite aplicar beneficios fiscales al mecenazgo entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024.

Regula el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado. Establece cómo se inscriben, aceptan, revocan y renuevan los poderes que una persona da a otra para hacer trámites en su nombre ante la Administración. También aprueba los modelos de poderes.

Modifica la norma que crea el Consejo Consultivo para la Transformación Digital para añadir cinco nuevas entidades y organizaciones como vocales de este órgano. El Consejo asesora al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el diseño de las políticas de transformación digital.

Crea la Asamblea Ciudadana para el Clima y fija su composición, organización y funcionamiento. Regula su mandato, su gobernanza y el método de trabajo, en línea con el derecho a participar en asuntos ambientales.

Crea el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, un órgano permanente de consulta y participación adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El Consejo canaliza las opiniones de niñas, niños y adolescentes ante las instituciones públicas y participa en planes y normas que les afectan.

Modifica la norma que crea el Consejo Consultivo para la Transformación Digital para ampliar los grupos de vocales que forman parte de este órgano. El Consejo asesora al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el diseño de las políticas de transformación digital.

Activa la Fase 2 del Plan de desescalada de la Administración de Justicia frente al COVID-19 desde el 26 de mayo de 2020. También modifica el Esquema de Seguridad Laboral sobre el uso de mascarillas y los partes de baja y alta por coronavirus.

Aprueba las medidas de seguridad laboral frente al COVID-19 y un plan de desescalada por fases para la Administración de Justicia. Activa la Fase I desde el 12 de mayo de 2020 y fija criterios para el trabajo en turnos de tarde.

Establece que las comunidades autónomas pueden disponer de los centros privados de diagnóstico clínico que no trabajen para el Sistema Nacional de Salud, incluido su personal. Las pruebas de COVID-19 requieren prescripción de un facultativo y los casos confirmados deben notificarse a la autoridad sanitaria.